El inicio del proceso de vacunación en algunos colegios de Gran Canaria y Tenerife es una experiencia piloto en la que participan de forma voluntaria tanto los centros educativos como las familias de los escolares, ha recordado este jueves la consejera de Educación, Manuela Armas.

Un proceso que ha sido criticado desde el sindicato ANPE, el cual ha denunciado la falta de negociación y, en el que reconoce que es un proyecto piloto, ha denunciado que se ha empezado a "obligar" a los docentes a solicitar las autorizaciones del alumnado de 5 a 11 años, algo que, ha afirmado, ha ocasionado problemas en otros territorios.

Fuentes de la Consejería de Educación han indicado a Efe que se trata de una experiencia piloto, para la que se ha preguntado la disposición de los centros educativos de Gran Canaria y Tenerife a participar en el proceso.

El proceso se inició a propuesta de Sanidad, departamento que eligió las áreas en las que son más bajos los niveles de vacunación, y las fuentes han reiterado que hasta ahora se está en la fase de preselección y han hecho hincapié en que se llevará a cabo cuando las familias lo decidan.

Una vez seleccionados los centros educativos en esas dos islas se les ha pedido que se pongan en contacto con las familias de los escolares para conocer su predisposición a vacunar a los niños en los colegios.

El plazo para conocer la predisposición de las familias finaliza este viernes, y la vacunación no se llevará a cabo sin el consentimiento de centros y familiares, han insistido las fuentes.

La consejera ha remitido a Efe un audio en el que destaca que cuando una sociedad tiene un problema grave como el actual con la pandemia cree que es el momento de que "todos arrimemos el hombro", y ha agregado que lo que hace su departamento es poner los centros escolares a disposición de la Consejería de Educación.

"No lo hemos impuesto en ningún momento" ha aseverado la consejera de Educación, quien ha señalado que el profesorado que tiene escolares con autorización de sus progenitores para que sean vacunados solo tienen que pasar el listado al personal sanitario que acuda a vacunar.

El profesorado "por supuesto" que no hará tareas que no le correspondan, y si alguno se niega a hacer "está en su derecho, nada más", ha concluido la consejera de Educación.

ANPE Canarias denuncia la puesta en marcha del procedimiento para la vacunación en al menos 8 centros educativos de Gran Canaria y otros tantos en Tenerife, sin negociar con los representantes de los trabajadores.

El sindicato alerta de la carga burocrática y la responsabilidad que supondrá para el profesorado gestionar las autorizaciones de los menores y la organización del procedimiento, algo que dice ha ocasionado problemas en otros territorios, como en Valencia.

ANPE lamenta que la administración no haya comunicado a las organizaciones sindicales el inicio de este programa piloto, del que se ha informado a través de los medios de comunicación y de los centros participantes.

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La central sindical ha manifestado "en todo momento" su oposición a que se lleve a cabo la vacunación en centros educativos durante el horario escolar, y señala que en los colegios, donde está escolarizado el alumnado que se va a vacunar ahora (5-11 años), hay grupos de Infantil y Primaria donde no se lleva mascarilla, grupos de Educación Especial donde tampoco se lleva mascarilla y grupos de Primaria que son "burbujas".

A juicio del sindicato, "se tendrían que preparar espacios amplios para vacunar y salas de espera para el seguimiento. Además, suponemos que muchos padres o tutores legales querrán acompañar a sus hijos. Entendemos que es mucho más sencillo hacerlo en espacios que ya están habilitados para ello, como los vacunódromos".

Además, insiste en que es previsible que la vacunación genere problemas con las autorizaciones de los progenitores porque "cuando un padre lleva a su hijo a vacunar a un vacunódromo o a un centro habilitado para ello autoriza la vacunación con su presencia".

El sindicato pregunta qué pasará cuando los padres no presenten en tiempo y forma las autorizaciones, y también quiere saber qué ocurrirá en los casos de progenitores separados que no tengan la misma opinión sobre si su hijo debe o no vacunarse.