Una cadena de errores y la falta de un TAC provocan la muerte de un paciente canario con cáncer: ¿Por qué ha fallado el sistema?

El Servicio Canario de Salud (SCS) ha reconocido una negligencia médica y ha indemnizado con 19.152 euros a la familia de un paciente de 54 años originario de La Gomera, quien falleció por un cáncer de pulmón no diagnosticado a tiempo. La resolución del SCS admite la mala praxis y fija la compensación bajo la controvertida doctrina de la pérdida de oportunidad, una decisión que el abogado de la familia ha calificado de insuficiente y que pone de manifiesto una grave cadena de errores en el sistema.

El caso, llevado por el abogado Damián Vázquez en representación de la Asociación Defensor del Paciente, desvela un periplo de tres años por diferentes centros médicos. El letrado lo describe como "un caso muy grave, muy evidente de negligencias médicas", donde el factor tiempo, que es "fundamental para un paciente de cáncer", fue completamente ignorado por la administración sanitaria.

El calvario del paciente

La historia clínica de este paciente comienza en 2020, cuando, tras presentar ciertos problemas de salud y ser evaluado por un especialista en neumología, se le indica con buen criterio la necesidad de realizar un TAC torácico para descartar patologías graves. Sin embargo, esa prueba diagnóstica, crucial para detectar a tiempo un posible tumor, no se llegó a realizar en ese momento. "Este TAC desde el 2020 nunca se realizó, ni en el año siguiente, ni el 22, ni el 23, y por lo tanto, no pudo diagnosticarse el cáncer de pulmón", denuncia Vázquez.

El abogado subraya la gravedad de esta omisión, especialmente porque el paciente tenía antecedentes de otro tipo de cáncer, lo que exigía "con más razón todavía hacer un seguimiento adecuado y controlarlo". Lejos de ello, la sensación es que el sistema falló estrepitosamente. "Aquí se olvidan del paciente directamente", lamenta el letrado.

Aquí se olvidan del paciente directamente, es una barbaridad"

Damián Vázquez

Abogado de la Asociación Defensor del Paciente

En 2023, la situación del paciente se agrava considerablemente. Acude en reiteradas ocasiones a su centro de salud y a las urgencias del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera. A pesar de que las analíticas estaban "disparadas" y los signos de alarma eran evidentes, se le da de alta de forma improcedente y se ordenan más pruebas "sin prisa, ni preferencia, ni urgencia". El paciente, sintiendo que su salud empeoraba, no se rinde y busca una segunda opinión, siendo finalmente derivado al Hospital La Candelaria en Tenerife.

Fue allí donde, con una "evidente demora", por fin se le realizó el TAC y las pruebas pertinentes. El diagnóstico fue demoledor y llegó demasiado tarde: cáncer de pulmón en estadio 4 con metástasis múltiple. El tumor se había extendido por gran parte de su organismo. "Cuando se lo diagnostican en Santa Cruz de Tenerife, ya le dicen: 'mire usted, está ya superextendido, un estadio 4, y usted se va a morir en pocos días. Es que no le podemos dar prácticamente ni tratamiento paliativo'", relata el abogado. Trágicamente, el paciente falleció a los pocos días.

Si se hubiera diagnosticado correctamente, este paciente posiblemente estaría hoy vivo"

Damián Vázquez

Abogado de la Asociación Defensor del Paciente

La batalla legal: una indemnización 'irrisoria'

La reclamación patrimonial presentada por Damián Vázquez y la Asociación Defensor del Paciente se topó inicialmente con la negativa del SCS, cuyos informes internos, según el abogado, intentaban excusar su responsabilidad. Fue necesaria la intervención del Consejo Consultivo de Canarias, cuyo informe preceptivo confirmó que existía responsabilidad por parte del servicio de salud.

A pesar del reconocimiento del error, la resolución final ha sido un duro golpe para la familia. El SCS ha aplicado la doctrina de la pérdida de oportunidad, un concepto jurídico que la asociación critica duramente. Esta doctrina argumenta que, como no es posible saber con un 100% de certeza qué hubiera ocurrido si se hubiera actuado correctamente en 2020, la indemnización puede ser reducida. El resultado es una compensación de 19.152 euros, que representa solo un 25% de la cantidad solicitada. "Es una barbaridad", critica Vázquez, quien considera que se juega con el dolor de las víctimas.

El abogado explica el argumento de la administración de forma llana: "No sabemos exactamente lo que hubiera sucedido si en el año 2020 le hubiéramos realizado ese TAC torácico que necesitaba el paciente, y como no sabemos qué diagnóstico podía haber tenido, reduzco la indemnización". Por este motivo, la familia está valorando reclamar judicialmente para que se haga justicia y se revise un importe que "no es de recibo".

¿Qué falló en el sistema?

Más allá de la compensación económica, el caso destapa preguntas alarmantes sobre el funcionamiento del sistema sanitario. ¿Cómo es posible que una prueba diagnóstica ordenada por un especialista en 2020 cayera en el olvido? ¿Por qué, ante signos de extrema gravedad en 2023, se volvió a actuar con lentitud? "Lo que nos debería preocupar y donde falla el sistema de entrada es que un paciente con un primer diagnóstico compatible con un tumor no tenga inmediatamente la posibilidad de acceso a la prueba diagnóstica", reflexiona el letrado.

Damián Vázquez apunta a fallos sistémicos y errores burocráticos que, desgraciadamente, son más comunes de lo que parece. Y ha mencionado otros casos, como el de una paciente fallecida por no recibir a tiempo un visado para un medicamento esencial, y habla de una sanidad con "médicos quemados", "descoordinación entre servicios" y una alarmante demora en la realización de pruebas diagnósticas. La pregunta fundamental que queda en el aire, y que el Servicio Canario de Salud debería responder, es qué falló para que esta cadena de errores terminara con una vida que, probablemente, se podría haber salvado.