La Mesa Diocesana de Migraciones de Tenerife, que reúne a las entidades de la Iglesia vinculada al ámbito de las migraciones en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ha mostrado este martes su "preocupación por la situación de vulneración de derechos que están viviendo tantas personas migrantes" llegadas a las costas de Canarias en los últimos meses.

En un comunicado titulado Llamados a construir puentes y no muros, la Mesa Diocesana de Migraciones se suma a las voces "de tantas personas y entidades que se han pronunciado cuestionando la viabilidad de las medidas adoptadas en el marco del llamado Plan Canarias".

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Santa Cruz de Tenerife 27 abr 2021 - 11:18

El documento está firmado por Cáritas, la Comisión Diocesana Justicia y Paz, la Fundación Canaria Buen Samaritano, la Fundación Don Bosco Salesianos Social, La Casita Oblatas y la Delegación Diocesana de Migraciones. En él, se subraya que las islas "no pueden convertirse en un muro de bloqueo sistemático y retención de las personas que llegan impidiendo su traslado a otros lugares del Estado o de Europa. Esto está suponiendo una gran frustración de las personas que llevan aquí varios meses sin ver claro su futuro y con la única perspectiva de la expulsión".

Consideran "inaceptable que, con la experiencia acumulada de Canarias en tantos años en relación al fenómeno migratorio, se haya dado una falta de planificación tan grande por parte de las autoridades responsables para garantizar unas buenas condiciones de acogida de emergencia".

Los firmantes cuestionan también "la creación de grandes campamentos como centros de atención temporal para las personas extranjeras porque no se puede garantizar una atención digna debido al gran número de personas, y porque las condiciones de las infraestructuras creadas se han demostrado con muchas deficiencias. Y, además, son recintos que no facilitan la integración en el entorno cercano donde se encuentran".

La Mesa Diocesana alerta sobre los episodios de "tensión, enfrentamiento y violencia", fruto de la "incertidumbre de su situación", al mismo tiempo que comprenden "las reacciones de miedo y desconfianza por parte de la población local", algo que también les preocupa. En este sentido, tachan de "inaceptable que estos miedos y desconfianzas se utilicen por alguna ideología que justifica el racismo y xenofobia, generando además una crispación social que a nadie beneficia y sí nos perjudica como sociedad".

El comunicado concluye haciendo un llamamiento "a toda la comunidad cristiana" para ser "buenos samaritanos con todo ser humano", poniendo en práctica "el programa propuesto de acoger, proteger, promover e integrar".

También se dirigen a las autoridades autonómicas, nacionales y europeas, pidiendo el cumplimiento de los derechos humanos, la creación de infraestructuras de atención dignas, la coordinación de protocolos en la llegada de migrantes, la recuperación del 0,7 % del PIB para los países en desarrollo, y la denuncia del tráfico de armas y de las políticas imperialistas de las grandes potencias.