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FAPA Galdós cuestiona las autorizaciones para efectuar los PCR en los colegios

La federación insular de AMPAS solicita a la Consejería de Educación que efectúe una consulta jurídica sobre la base legal del texto que deben firmar las familias

Vuelta al cole

Agencias

AgenciasGran Canaría

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 01:08

La Federación insular de AMPAS de Gran Canaria Galdós ha solicitado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que efectúe una consulta jurídica sobre la base legal del texto que deben firmar las familias para autorizar que se hagan las pruebas PCR a niños en los centros escolares.

La Federación de AMPAS Galdós expone que gran parte de las familias que han recibido la comunicación del centro tienen dudas con respecto al alcance de dicha autorización y la base legal que obliga a mantener una cuarentena a las familias que no cedan a la realización de las pruebas.

La organización que representa a las familias en Gran Canaria sostiene que éstas son las primeras interesadas es que se garantice la protección de la salud de la comunidad educativa, y que en ningún caso se oponen a los cribados que pueden ser muy útiles en el contexto escolar.

Sin embargo, exigen que las medidas a aplicar cuenten con el mayor consenso posible, en un clima que genere confianza y entendimiento por parte de las familias.

El presidente de la Federación, Sergio de la Fe, ha considerado que “una buena comunicación previa de la Consejería con las organizaciones que representan a las familias, algo que llevamos reivindicando desde el inicio de la pandemia, habría garantizado un procedimiento menos caótico y lleno de angustia para las familias y el alumnado”.

Desde la Federación se critica la "premura y celeridad" con la que se quiere realizar el cribado que ha obligado a los centros a avisar a las familias la tarde antes de que los equipos se trasladarán a los centros para realizar las pruebas.

Además, a lo largo de la mañana de este miércoles, desde los centros escolares se ha dado información distinta sobre el tipo de prueba que se hará a los menores, no especificada en el consentimiento “provocando aún más desasosiego e incertidumbre en las familias”, lamenta la Federación.

De la Fe ha informado de que “ante la falta de información y el caos que esta situación he generado, hemos puesto en manos de la asesoría jurídica de esta Federación el análisis de esta situación y el establecimiento de posibles responsabilidades que de ella se deriven”.

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