El Defensor del Profesor en Canarias, servicio que desde 2005 promueve a nivel nacional el sindicato Anpe, ha advertido de 130 incidentes de violencia, amenazas y acoso en el presente curso 2020/2021 en las Islas, frente a los 102 del anterior, además de un repunte del ciberacoso a los docentes.

Como ha expresado el Defensor del Profesor en Las Palmas de Gran Canaria, Bernardo Huerga, de los 130 casos atendidos, en torno a uno por semana, destacan los vinculados a la enseñanza Secundaria, 51 de ellos, mientras en Primaria se dieron 41, en Formación Profesional Básica 25, 12 en Infantil y 1 en ciclos formativos de FP.

De estos 130 docentes que hicieron uso del servicio, 51 presentaron cuadros de ansiedad, 11 sufrieron depresión y 15 pidieron la baja.

Los incidentes relacionados con problemas con el alumnado fueron los más frecuentes, 82 casos frente a los 66 del curso anterior y los 102 de 2018/2019, con 7 agresiones a docentes frente a las 5 comunicadas a este servicio en el curso 2019-2020.

Las agresiones entre el alumnado descendieron de 16 a 11 y las amenazas de alumnos al personal docente han seguido incrementándose y representan uno de cada cuatro casos, al igual que las faltas de respeto, que suponen el 22,8 % de los casos.

Se registraron 45 incidentes con padres, madres u otros familiares, con un caso de agresión y hasta 26, un 36,1 % de ellos, fueron acusaciones carentes de fundamento y 18 denuncias infundadas a docentes, al igual que ha crecido la presión para que los profesores modifiquen notas, asunto que centró 15 casos, el 20,8 %.

En cuanto a las quejas relacionadas con otros miembros del profesorado o equipos directivos, se redujeron a 3 frente a las 4 y 9 de los cursos anteriores.

El presidente de ANPE en Canarias, Pedro Crespo, destaca que estos son "sólo aquellos profesores que denuncian y a través de este servicio", porque los que denuncian formalmente "son la minoría".

Aunque estima que la situación que sufre el profesorado no es generalizada y son situaciones puntuales, "sí son graves", ha advertido Crespo, quien ha celebrado la disminución de los casos en educación Secundaria, que suele ser el rango de edad donde más se dan estos incidentes.

Crespo considera que el servicio que presta el Defensor del Profesor "debería estar en manos de las administraciones", a quienes demanda "un protocolo claro y ágil de actuación".

El presidente regional de Anpe ha aludido a la "impotencia" que han sentido este año, "por el desconocimiento de la normativa" varios equipos directivos que han tenido que gestionar la "dificultad" que presentan las situaciones relacionadas con la negativa de algunos alumnos a acatar lo que establece la custodia compartida que sobre ellos ejercen sus padres.

"Cuando un alumno no quiere esa custodia compartida e irse con el padre o la madre los equipos directivos se ven impotentes porque no son especialistas jurídicos y no ha habido una respuesta efectiva ante estas situaciones complejas", ha referido.

La presidenta de ANPE en Las Palmas, María Perera, ha alertado que los docentes "tienen miedo a denunciar y prefieren callarse ante el acoso verbal, el insulto, la amenaza o la intimidación" que les lleva a sufrir situaciones de "estrés y ansiedad".

"Es normal que relaten que tienen la autoestima por los suelos, no duermen, o que no saben como afrontar el ir a trabajar lo que les ha llevado a medicarse y tomar la baja por no poder hacer frente a la situación".

Hace un par de meses, ha referido, "un profesor fue acusado por un alumno de haberle acosado sexualmente en las redes y este docente, que no usaba las redes sociales, no tuvo presunción de inocencia", ha dicho Perera.

Del mismo modo, ha habido madres y padres que han demandado a docentes a los que han acusado de maltratar físicamente a sus hijos "y en ninguno de los casos se pudo demostrar estos hechos, por lo que han sido denuncias falsas que ni siquiera han sido sancionadas", ha lamentado.

En lo relativo al ciberacoso, ANPE asegura que también se están dando casos de alumnos que provocan a los profesores para "luego grabarlos y subirlos a las redes sociales", lo que ocasiona a estos profesionales "un daño moral irreparable y también una merma en su seguridad e ilusión en una profesión que se elige por vocación", ha recalcado Perera.

Para la responsable de este sindicato en Las Palmas, "a nivel normativo se debe reconocer al docente como autoridad pública", al tiempo que se ha de "dar a conocer públicamente la violencia en las aulas para propiciar una toma de conciencia y un rechazo a las agresiones".

"Hay que dignificar la figura del docente ante situaciones en las que se sienten desprotegidos y solos", ha aseverado.