El pasado lunes un edificio propiedad de una familia de Las Palmas de Gran Canaria era ocupado por una pareja que, ante la atónita mirada de los vecinos que grababan su acceso sin consentimiento, se adentraban en el mismo.

Esta semana COPE ya contaba este suceso ocurrido en la Calle Isla de Cuba, 28, en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no han logrado una solución y el abogado de la familia, Manuel Domínguez, ya lleva 48 horas de guardia en la puerta del edificio para evitar que sigan entrando okupas.

El drama de los propietarios del edificio ocupado: “Venden la llave por 400 euros a familias necesitadas”

Los propietarios llevan tres días haciendo guardia para evitar que entren más personas

Las Palmas de Gran Canaria 03 feb 2021 - 21:21

“Solo me he ido 3 horas esta noche para descansar un poco mientras un compañero me hacía el relevo”, asegura Manuel. Destaca, además, que hay quien está vendiendo las llaves del resto de apartamentos por 400€ a personas necesitadas de la ciudad asegurando que se trata de un edificio que es propiedad del banco.

“Cuando han bajado algunas familias a coger cosas, u otras han llegado para instalarse tras haber mantenido comunicación con los okupas, les hemos dicho que el edificio es propiedad de una familia y la mayoría lo ha entendido y se ha ido”, apunta. Sin embargo, tienen miedo de que lleguen más personas sin la información correcta ya que, según apunta, se habrían cambiado las cerraduras del inmueble. “Hasta que no se desaloje por completo el edificio seguiremos haciendo guardia”, destaca.

En el momento en el que los vecinos avisaron de la ocupación, Manuel asegura que se personó junto a la familia en el edificio y llamaron a la Policía Nacional. Sin embargo, los agentes, tras entrevistar a todas las partes afectadas, afirmaron que “no podían hacer nada porque había una cama hecha en el domicilio ocupado y un bebé”.

Pablo Pérez, portavoz de JUPOL insiste en que con la legislación actual los agentes no pueden sacar a los okupas de las viviendas, a no ser que se demuestre que se trata de la morada habitual o una segunda residencia, ya que se estaría incurriendo en un allanamiento de morada. “Si el agente actúa podría tener problemas en un juicio por detención ilegal, ya que si es ocupación y no se les pilla in fraganti no podemos hacer nada”.

Por esta razón, tanto el abogado de los propietarios del edificio como el portavoz de JUPOL a nivel nacional solicitan un cambio legislativo que ampare a los dueños de las viviendas. Mientras tanto, Manuel Domínguez y la familia seguirán haciendo guardia para proteger sus bienes inmuebles.