El Gobierno de Asturias ha probado hoy el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria, que fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis para varias intervenciones quirúrgicas.

En concreto, las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán efectuarse en un plazo tope de dos meses. Por su parte, las operaciones de  cirugía cardiaca (valvular y coronaria) y cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días.

En relación con las consultas de especialidades, se adoptarán las medidas organizativas oportunas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología,  cirugía general, digestivo y cardiología. Para lograr este objetivo, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad; ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el servicio de atención al ciudadano.

Por otro lado, con el propósito de garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía, se creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán certificados de inclusión en el mismo, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.

La regulación de estas prestaciones por decreto se impulsa en un momento en el que el sistema sanitario dispone de las instalaciones, los equipamientos y los profesionales necesarios para poder cumplir los plazos máximos de demora.

De hecho, en los últimos meses se ha llevado a cabo una renovación de los medios técnicos y los recursos humanos que ha aumentado la capacidad de respuesta del sistema público y ha permitido reducir las demoras y mejorar los tiempos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que modifica la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para crear la Comisión de Participación del Instituto Nacional de Silicosis como organismo de asesoramiento y apoyo.

La comisión se encargará de informar los planes económicos y el presupuesto de cada ejercicio, proponer orientaciones para mejorar la actividad médica y científico-técnica del instituto, recibir información de las denuncias y reclamaciones de usuarios y trabajadores, analizar las memorias anuales y las estadísticas e informar el proyecto anual de inversiones.

El Ejecutivo ha acordado prorrogar el convenio marco con la Administración General del Estado para mantener la red de oficinas de  atención ciudadana, que ofrece servicios comunes de información, orientación y tramitación de procedimientos administrativos.

Este convenio, al que se han incorporado 74 de los 78 ayuntamientos asturianos, ha permitido crear una de red que opera como ventanilla de acceso a los servicios públicos y ofrece la posibilidad de obtener información y realizar trámites ante cualquiera de las tres administraciones. Entre sus ventajas se encuentra el despliegue de la plataforma de registro virtual Orve, utilizada en 70 concejos y en las tres oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) ubicadas en Oviedo, Gijón y Avilés, gracias a la cual se ha impulsado la tramitación electrónica y la recepción y envío telemático de documentos entre registros de diferentes administraciones.