Oviedo, Gijón y Avilés deberán crear “zonas de bajas emisiones”, como Madrid Central

España se ha convertido en uno de los países pioneros al aprobar este martes una declaración de emergencia climática con el compromiso acciones urgentes desde los primeros cien días de mandato del nuevo Ejecutivo para hacer frente a este grave problema, entre ellas, que las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente. En Asturias la medida afectaría a Oviedo, Gijón y Avilés, que deberían de crear zonas en las que estuviese restringido el acceso a los vehículos más contaminantes, similares al polémico Madrid Central

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha comprometido para los primeros cien días de mandato con acciones urgentes, como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050.

También ha anunciado la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes y cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres.

El Gobierno se ha comprometido a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza, así como sumar esfuerzos y "no dejar a nadie atrás, para abordar las dificultades de los más vulnerables".

La declaración introduce líneas transversales para convertir la descarbonización en una oportunidad para la generación de empleo y la reducción de brechas territoriales, porque uno de los objetivos es "contar con una economía preparada", según la ministra.

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado los trabajos con el Ministerio para la Transición Ecológica "durante meses" para acometer figuras fiscales "sin afán recaudatorio, pero disuasorias de comportamientos perjudiciales para el medio ambiente".

Montero ha defendido incentivos fiscales para que el sistema pueda acoger e impulsar la transformación y alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono.

El Gobierno se compromete, además, con un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante, así como a presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Además, se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente y el objetivo de alcanzar el 30 % de superficie marina protegida en 2030.