El Ayuntamiento realoja a siete de los diez desalojados en el Gancho
Los afectados podrán regresar cuando se garantice la seguridad del edificio. El Consistorio y los administradores de fincas activan un plan preventivo en toda la ciudad
Zaragoza - Publicado el - Actualizado
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El Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido al realoja de siete de las diez personas que fueron desalojadas este miércoles de sus viviendas en el número 98 de la calle San Pablo. El incidente, provocado por el hundimiento de la caja de la escalera, ha puesto de nuevo el foco en la necesidad de mantener y vigilar el estado del parque inmobiliario de la ciudad. El consejero de Urbanismo y Vivienda, Víctor Serrano, ha explicado que los residentes podrán volver a sus casas una vez se repare la estructura y se garanticen las condiciones de seguridad del inmueble, una obra que, aunque aparatosa, no parece que vaya a extenderse "en un plazo excesivamente elevado".
Un convenio para la prevención y la concienciación
Como respuesta a esta problemática recurrente, y tan solo un día después del suceso, el consistorio ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón. El acuerdo, con una dotación de 10.000 euros y una duración inicial de un año prorrogable, busca establecer un marco de acción conjunta para "sensibilizar, divulgar y concienciar" sobre la importancia de la conservación de las edificaciones y el cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
El consejero Víctor Serrano ha sido claro al respecto, subrayando que la meta es que los propietarios entiendan que mantener sus fincas "no solamente es una obligación legal, sino que es algo que va en su propio beneficio, que elimina cualquier tipo de responsabilidad" y, además, "redunda en poner en valor, en revalorizar sus propias propiedades". Esta colaboración pretende, por tanto, mejorar la escena urbana y las condiciones de seguridad para todos los vecinos de Zaragoza.
La ley marca que son los propietarios quienes tienen el deber de conservación de sus edificaciones"
Consejero de Urbanismo y Vivienda
La responsabilidad, en manos de los propietarios
Serrano ha insistido en que la responsabilidad última recae sobre los dueños de los inmuebles. "La ley marca que son los propietarios quienes tienen el deber de conservación de sus terrenos, solares, carteles, urbanizaciones o cualesquiera edificaciones", ha recordado. El Ayuntamiento tiene una función inspectora, que se ha reforzado con planes especiales como el de Zamoray-Pignatelli, pero la obligación legal de mantener la seguridad y habitabilidad corresponde a las comunidades de propietarios, que se enfrentan a responsabilidades civiles y penales en caso de que un daño a un tercero.
Desde el consistorio se ha hecho hincapié en la necesidad de pedagogía para evitar situaciones de riesgo. En ocasiones, los problemas no se dan solo en zonas con un entorno socioeconómico vulnerable, sino por una falta de concienciación sobre el mantenimiento preventivo. En este sentido, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una herramienta clave, obligatoria para edificios de más de 50 años y con una periodicidad de 10 años, cuyo cumplimiento se quiere potenciar.
Hay que hacer una labor preventiva del edificio para evitar futuros males mayores"
Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón
Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Germán Pardiñas, ha destacado el papel crucial de los casi 450 profesionales colegiados como "herramienta" de enlace en el día a día de las comunidades. Pardiñas ha afirmado que "hay que hacer una labor preventiva del edificio para evitar futuros males mayores y tomar las medidas adecuadamente y en tiempo". A través de este acuerdo, se comprometen a organizar eventos, charlas y talleres, y a difundir materiales informativos para que esta necesidad de conservación llegue a todos los rincones de la ciudad.
Modernizar la ITE y aumentar las ayudas
El convenio también contempla la creación de grupos de trabajo para mejorar la actual Ordenanza Municipal reguladora de la ITE. Víctor Serrano ha explicado que Zaragoza fue "pionera" en su día, pero es necesario "actualizar" la normativa para adaptarla a las nuevas técnicas constructivas y de rehabilitación. La experiencia directa de los administradores de fincas, que conocen de primera mano las deficiencias más comunes —desde desprendimientos en fachadas a filtraciones en cubiertas—, será fundamental para "engrasar esta relación y ajustar la normativa a la experiencia".
Finalmente, el consejero ha enmarcado esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia para rejuvenecer el antiguo parque edificatorio de Zaragoza, uno de los más extensos de España. Serrano ha destacado el aumento "récord" de las ayudas a la rehabilitación, que pasarán de los 700.000 euros de 2019 a los 8 millones de euros presupuestados para 2026, una inversión que, según ha concluido, no solo mejora viviendas particulares, sino que "evita los colapsos a futuro".
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