Prisión permanente revisable para los asesinos de la niña Laia

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a prisión permanente revisable a los padres de Laia, la niña de 2 años que murió tras inmurables golpes y torturas en su domicilio del barrio del Picarral de Zaragoza. El tribunal impone la máxima pena por el asesinato de la menor, con las agravantes de alevosía y enseñamiento. La sentencia llega después de que la semana pasada el jurado popular declarara culpables a Vanesa Muñoz y Cristian Lastanao, madre y padrastro de la pequeña.

Se les considera responsables directos de la muerte de Laia. El informe forense ha sido determinante, ya que determina que uno de esos inmurables golpes le reventó el duodeno a la niña, provocándole una peritonitis infecciosa que le causo una muerte, dolorosa, prolongada y agónica. El jurado también valoró el testimonio de los testigos que atendieron a la menor después de que sus padres llamaran al servicio de emergencias del 112, para quienes la niña podía haber fallecido un tiempo antes de la llegada de los médicos de urgencias.

En su sentencia, el tribunal descarta los argumentos exculpatorios de los procesados, que se incriminaron mutuamente de los hechos para tratar de eludir sus respectivas responsabilidades, y considera, a tenor, del testimonio grabado de una hermana de la víctima que ambos padres pegaban a la niña.

De acuerdo con las pruebas practicadas, el magistrado presidente del jurado aprecia que la niña no sólo fue obligada a ingerir guindillas como castigo, sino que le fueron administradas cocaína, cannabis, paracetamol, antidepresivos e hipnóticos durante, al menos, seis meses previos a la fecha de su fallecimiento.

Además de la condena a prisión permanente revisable, el tribunal condena a los acusados a indemnizar al padre biológico de la menor y a su abuela, así como a los dos hermanos de la niña a un total de 280.000 euros.

La muerte de la menor se produjo la noche del 21 de marzo de 2021, después de que los servicios sanitarios de emergencia desplazados a la vivienda de los acusados en la capital aragonesa, donde convivían con otros dos hijos menores, certificaran su fallecimiento, sin poder hacer ya nada para salvar su vida.

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