Encierro de los trabajadores del IASS en el Edificio Pignatelli

Amortización de 27 puestos de trabajos y el despido de 14 trabajadores. Son las consecuencias inmediatas de que el servicio de tutela de adultos deje de prestarse por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y pase a estar gestionado por una fundación de nueva creación. Para impedirlo, los delegados sindicales de UGT y CCOO se han encerrado en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y allí permanecerán al menos, hasta el miércoles cuando el ejecutivo autonómico les diga si celebra o no la mesa sectorial en la que pretende abordar todos estos asuntos.

"Nos encerramos por la propuesta del Gobierno de Aragón de desmantelar el servicio de tutela de adultos que presta el IASS como consecuencia de su privatización y transformación en una fundación. Las 27 plazas de trabajadores quedarían amortizadas y la consencuencia directa es el despido inmediato de 14 trabajadores temporales que prestan este servicio", nos cuenta en COPE, Francisco José González de CCOO.

Los trabajadores fijos sí serán reubicados, pero no los temporales. Desde CCOO consideran que esas 14 plazas no deben desaparecer despidiendo a los trabajadores sino que deben aprovecharse para mejorar el servicio en otras áreas que presentan carencias como el servicio de dependencia donde, afirman, el año pasado fallecieron cientos de personas esperando una evaluación.

"Hemos denunciado el proceso de selección de personal que no cumple con los requisitos. Reclamamos negociar para que estas plazas se reubicasen en otros servicios dentro del IASS. Se necesitan refuerzos, por ejemplo, en el servicio de dependencia. No se deben perder los puestos de trabajo sino usarlos para reforzar los ámbitos donde tenemos carencias evidentes. Despedir a los trabajadores es una opción que no podemos aceptar sin manifestar nuestra oposición", asegura González.

Desde los sindicatos consideran además que "la tutela de las personas que no tienen a nadie y que un juez le encomienda a la administración, es un servicio público que debe prestar el Gobierno de Aragón y no una fundación". Los sindicatos ven esta medida como una privatización y denuncian que el proceso de selección de personal a través de esta nueva fundación está siendo irregular.

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