La Cámara de Cuentas analizará la gestión del dinero público, más allá de la legalidad; y verificará si las instituciones cumplen sus recomendaciones. Forma parte de su plan estratégico 2020-2021, que pasa por ampliar sus funciones y su plantilla, de 27 a 40 trabajadores, sacando las plazas que ya contempla su presupuesto. Un documento que hoy han entregado al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.

La fiscalización de las cuentas públicas seguirá siendo el grueso de su actividad. El 75% de los recursos se destinarán a analizar la cuenta general de la Comunidad Autónoma y las principales administraciones locales de Aragón, especialmente el Ayuntamiento de Zaragoza, por su importancia significativa.

Pero el máximo órgano fiscalizador de la Comunidad quiere evolucionar “de acuerdo a los intereses y preocupaciones de la sociedad aragonesa”, asegura su presidente, Alfonso Peña. Por ello, no solo quieren saber si se cumple la ley sino cómo se usa el dinero. Después de analizar si el FITE o el Miner habían cumplido sus objetivos, ahora el foco está, por ejemplo, en la gestión del Instituto Aragonés de la Juventud o los conciertos con la sanidad privada. Este último informe verá la luz este trimestre y en él se analiza “el impacto presupuestario de las derivaciones” pero también se revisa “la gestión de la lista de espera”.

Peña admite que la institución solo será “útil” si sus recomendaciones se cumplen. Por este motivo, van a revisar qué instituciones no lo hacen y por qué. “Nos dirigiremos a las entidades para requerirles por qué teniendo unas recomendaciones, algunas de ellas de muy fácil implantación, permanecen obstinadamente en el criterio de no implantarlas”, explica.

La Cámara de Cuentas ha observado que la Universidad de Zaragoza es la institución más cumplidora. A las más grandes, les cuesta más. Es el caso del Gobierno de Aragón, aunque Peña admite que a veces es difícil porque supone “cambiar leyes y procesos”. Y pone como ejemplo la compra de farmacia hospitalaria, que ha sido señalada en los informes de los últimos años y que, finalmente, la DGA ha adaptado.

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