Los sindicatos exigen al Gobierno de Aragón un 'escudo' penal que proteja al docente en los viajes escolares
La muerte de un alumno del IES Ítaca en Bélgica hace cuatro años y la imputación penal por homicidio imprudente de dos profesores reabre el debate sobre este limbo legal
Zaragoza - Publicado el
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El suceso tuvo lugar en 2022, pero sus consecuencias han vuelto a poner sobre la mesa un debate latente en la comunidad educativa. Dos profesores de Zaragoza se enfrentan a un juicio por homicidio por imprudencia profesional grave tras la muerte de un alumno de 17 años durante un viaje de estudios a Bélgica. El menor, que se encontraba enfermo, se quedó solo en el hotel mientras el resto del grupo salía a cenar y falleció al caer por el hueco de una escalera de emergencia. Este caso ha encendido todas las alarmas y ha reabierto la conversación sobre los límites de la responsabilidad del docente fuera del aula.
La tragedia ha provocado una profunda preocupación en los centros educativos de Aragón, tanto públicos como concertados, y ha llevado a los sindicatos a alzar la voz. En representación del profesorado, Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CSIF Aragón, y Jesús Gil de Bernabé, secretario general de FESIE Aragón (que aglutina a la enseñanza concertada y privada), exponen un sentir unánime: la necesidad urgente de una regulación que ampare a los docentes y garantice la continuidad de estas actividades formativas.
Una responsabilidad total y sin regulación
Mónica de Cristóbal califica la situación actual como de “responsabilidad total” para el profesor, que asume de forma “voluntaria y gratuita” el cuidado de los menores. Durante estas salidas, el docente se convierte en un “tutor subsidiario” las 24 horas del día. Aunque la responsabilidad civil recae en el departamento de educación, la tutela y la responsabilidad directa sobre los alumnos es del profesorado. “Estamos sin regulación desde hace muchísimos años”, denuncia de Cristóbal, quien subraya que la responsabilidad del docente es máxima al ser el adulto que acompaña a los menores.
Esta entrega, sin embargo, no tiene ninguna contraprestación. Los profesores no solo no reciben una compensación económica por el exceso de jornada laboral, sino que tampoco se les acumulan las horas para días libres. “Tú regalas ese tiempo que estás dedicando a los menores, lo regalas de forma económica”, explica la responsable de CSIF. Los docentes, añade, dejan de lado su vida personal y familiar para dedicarse en cuerpo y alma a los alumnos durante estas actividades, que consideran fundamentales para su desarrollo.
Queremos una normativa que ampare y dé responsabilidad jurídica a los docentes que las acompañan”
responsable de Educación de CSIF Aragón
A la falta de compensación horaria se suma la económica. Según de Cristóbal, los profesores no solo no cobran más, sino que a menudo les cuesta dinero. Las dietas, si existen, salen de asignaciones genéricas del centro y son insuficientes. “Además de hacerlo de forma gratuita, te cuesta dinero”, lamenta. Por ello, desde CSIF llevan años reclamando en cada mesa sectorial una regulación completa. “Queremos una normativa que ampare y dé responsabilidad jurídica a los docentes que las acompañan, pero no solo para que tengan una cobertura jurídica, sino también una cobertura en cuanto a condiciones laborales”, afirma.
El marco legal que regula el funcionamiento de los centros educativos es, según de Cristóbal, una prueba de este abandono. El reglamento orgánico de los centros, que aplica a públicos, concertados y privados, data del siglo pasado, de 1996, y ningún gobierno lo ha actualizado para adecuarlo a la realidad actual de la educación.
El miedo cancela los viajes
La consecuencia directa de este vacío legal y la exposición mediática del caso de Bélgica es la cancelación de excursiones. Mónica de Cristóbal confirma que, en la enseñanza pública, se están suspendiendo las salidas que no implicaban ya un gasto para las familias. El motivo es el temor a posibles acusaciones. “Visto lo visto, que tenemos una cobertura de responsabilidad civil, pero no tenemos cobertura de responsabilidad penal, en los centros se están llegando a plantear si las familias pueden llegar a acusar a los docentes la continuidad de estas actividades”, explica.
En la enseñanza concertada y privada, la situación es ligeramente distinta. Jesús Gil de Bernabé, de FESIE, asegura que no tienen constancia de cancelaciones, pero sí de una “preocupación entre los compañeros” por la posibilidad de acabar con responsabilidades penales. Aunque en su sector han alcanzado un acuerdo para regular la compensación económica, reconoce que los seguros contratados no cubren la responsabilidad penal, que es el principal foco de inquietud.
¿Hasta dónde debe llegar el deber de vigilancia de un profesor fuera del aula?”
responsable de Educación de CSIF Aragón
Peticiones unánimes: protocolos, ratios y cobertura legal
Ambos sindicatos coinciden en las soluciones. Piden “regulaciones claras, protocolos definidos, ratios adecuadas y una cobertura jurídica real”, especialmente en el ámbito penal. Gil de Bernabé se pregunta: “¿hasta dónde debe llegar el deber de vigilancia de un profesor fuera del aula?”. Considera que la sentencia del caso de Bélgica demuestra que la responsabilidad que se les atribuye es “muy amplia, casi continua, de 24 horas”, lo que puede acarrear consecuencias penales muy graves.
La falta de protocolos claros para actuar ante incidencias, como la enfermedad de un alumno, es uno de los puntos más críticos. Gil de Bernabé expone el dilema: si dos profesores acompañan a un grupo y un alumno se pone enfermo, uno debe quedarse con él, dejando al otro solo con el resto. “Es muy complicado porque la actividad tiene que seguir desarrollándose”, señala, y una ratio profesor-alumno más alta, aunque deseable, encarecería las actividades, perjudicando a las familias con menos recursos.
si queremos mantener las excursiones escolares, tenemos que cuidar a quienes las hacen posibles"
responsable de FSIE
Ante esta situación, CSIF envió una carta el pasado 16 de abril a la consejera de Educación de Aragón, Claudia Tomás, exigiendo una regulación clara para las salidas escolares. Llevan años pidiéndolo a diferentes consejerías sin éxito. La petición es clara: una normativa que defina la responsabilidad jurídica, el cómputo de la jornada laboral, una compensación económica y la cobertura de todos los gastos. El objetivo final, compartido por FESIE, es alcanzar un equilibrio que proteja al alumnado sin cargar toda la responsabilidad en los profesores, porque, como concluye Gil de Bernabé, “si queremos mantener las excursiones escolares, tenemos que cuidar a quienes las hacen posibles, que son los profesores”.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.