La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en la constitución de la Mesa por el Comercio Seguro para luchar contra los efectos de la delincuencia, hurtos reincidentes y venta ilegal ante la demanda e inquietud del sector comercial andaluz. El acto ha estado presidido por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco Pérez, y ha contado con la presencia de representantes de las Administraciones Públicas; así como de los Agentes Económicos y Sociales.

Esta Mesa es el resultado del VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022 que se aprobó en el pasado mes de diciembre, y que contempla la puesta en marcha de numerosas medidas que permitirán avanzar hacia un comercio más seguro en Andalucía y garantizar que las actividades ilegales que generan competencia desleal vayan desapareciendo de los pueblos y ciudades.

Esta mesa impulsará la creación de mecanismos que permitirá luchar contra los delitos que atentan contra la seguridad en el comercio y que genera pérdidas millonarias, evitando la compra-venta de productos falsificados que atentan contra la propiedad intelectual o la propiedad industrial y que en su mayoría provienen de delitos de robo o hurto.

En la actualidad no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia en el hurto de menos de 400 euros. Este vacío legislativo abre una brecha a las bandas organizadas que se dedican al robo de productos de alto valor, como el alcohol o los perfumes. Esta práctica sale gratis al delincuente profesional, supone un derroche para las administraciones, un sobrecoste para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos delitos cuestan a España pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros tanto por las mermas (2.542 millones), como por el coste en inversión en seguridad (1.103 millones), lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país.

Por otro lado, la venta de productos falsificados genera pérdidas de más de 2.000 millones de euros anuales a los comerciantes de nuestro país y a las industrias, perjudicando directamente al comercio de proximidad. Además, “esta actividad ilegal también perjudica a la hacienda municipal que no percibe ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, suponiendo además una competencia desleal por no afrontar obligaciones tributarias, no pagar licencias de actividad, ni cumplir las limitaciones horarias”, como ha indicado la FAMP.

Los participantes de la Mesa por el Comercio Seguro se han comprometido a aportar ideas y generar un espacio de análisis, reflexión y elaboración de instrumentos útiles, desde la clave de la buena gobernanza, cooperación y coordinación interinstitucional.