Casi quince horas duraron los registros realizados por la policía judicial en las oficinas del Estadio de la Rosaleda. Pasada las 23:50 horas los seis miembros que conformaban la comisión judicial salía de las instalaciones de Martiricos. Miembros de la Secretaria Judicial acompañados por agentes que integran la Unidad de Delitos Informáticos y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales fueron los encargados en llevar a cabo los registros en la Rosaleda que comenzaron pasada las 8:00 horas. 

Como se observa en el vídeo que te mostramos en exclusiva, los agentes abandonaron las dependencias del estadio con abundante documentación y copias de archivos de los servidores de los ordenaros de los despachos de las oficinas. Una vez finalizado los registros la documentación incautada se traslado hacia los juzgados de Málaga donde ya está a disposición de la jueza titular del juzgado de instrucción número 14 que fue la persona que ordenó que se llevarán a cabo los registros. Hay que recordar que la jueza había requerido información al Málaga C.F en matería de la gestión directiva, económica, patrimonial y financiera del club y que el Málaga C.F no había hecho llegar esa documentación a los juzgados. 

La Policía Nacional registra las dependencias de La Rosaleda

El Málaga afirma que "ha colaborado de buena fe" en la intervención policial

Aunque el Málaga emitió un comunicado explicando que la intervención judicial  "no se trataba de una orden de entrada y registro" y que "estaban colaborando en todo momento de buena fe" la realidad es bien contraria. Sí se hicieron registros y sí sacaron documentación económica del club y se llevaron a cabo volcado de ordenadores que por seguridad se realizan en un amplio período de tiempo. 

A partir de ahora habrá que ver que rumbo toman los acontecimientos de ahora en adelante ya que la familia Al Thani está llamada a declarar en los juzgados de Málaga el 18 de febrero a las 10.15. La Asociación de Pequeños Accionistas reclaman una administración judicial para apartar a los Al Thani de la gestión a los que acusa de administración desleal, apropiación indebida e imposición de acuerdos socieatarios abusivos.