La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, de 48 años, acusada de asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días en los que la sociedad española se mantuvo en vilo, y en los que se movilizaron 60 entidades y particulares que peinaron cientos de kilómetros cuadrados entre Las Hortichuelas y Rodalquilar, en Níjar.

El juicio tendrá ocho sesiones que se celebrarán entre el 9 y el 18 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia, donde un jurado popular deberá decidir sobre el caso, cuyo veredicto será plasmado en la sentencia que redacte la magistrada Alejandra Dodero.

La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se dé comienzó al interrogatorio de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor.

El abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, considera que se trata de un homicidio imprudente y, en el peor de los casos, un homicidio doloso.

Un día después -el 10-  está previsto que declaren Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor, y otros siete testigos más, entre ellos la hija de Quezada, que reside en Burgos.

La magistrada Dodero, a petición del abogado Torres y la Fiscalía de Almería, ha acordado la declaración a puerta cerrada de los padres, la abuela y una prima menor de Gabriel, lo que también sucederá el 16 de septiembre, sesión reservada para los médicos forenses y del Instituto Nacional de Toxicología.

El 11 de septiembre declararán otras siete personas, entre ellas guardias civiles y un policía local de Níjar (Almería). Un día después continuarán otros miembros de la Guardia Civil, tanto de la Policía Judicial, como del Laboratorio de Criminalística y del Servicio Cinológico y Desaparecidos.

El día 13 proseguirán las testificales de diversos guardias civiles, incluido el coronel jefe de la Comandancia de Almería.

El 17 se llevará a cabo la reproducción de audios y vídeos, y la reconstrucción de hechos y tras esto se llevarán a cabo las conclusiones e informes de las partes personadas.

Un total de 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad hasta el día 18, fecha en la que está previsto que el jurado popular se retire a deliberar. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. Posteriomente, custodiarán a los miembros del jurado en su reclusión para emitir veredicto.

La Junta de Andalucía ha invertido casi 80.000 euros en obras de emergencia en el edificio y en adecuar las salas de vistas para acoger, entre otros, el enjuiciamiento de Ana Julia Quezada, al que darán cobertura informativa 150 periodistas acreditados de 35 medios de comunicación.

Esta expectación mediática ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".

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Jueces, periodistas y colectivos en defensa de la infancia han hecho en los últimos días llamamientos a la responsabilidad de los medios de comunicación para que no conviertan en un circo el juicio a Ana Julia Quezada por la muerte del niño Gabriel Cruz. De hecho, el Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía ha pedido que todo el juicio se celebre a puerta cerrada, si bien la Audiencia ha decidido establecer esa limitación tan solo para algunas sesiones, entre ellas las del testimonio de los padres y otros familiares y las de las pruebas forenses.

Los padres del niño han pedido que se eviten los excesos cometidos durante la búsqueda, con lo que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha promovido "un pacto ético" entre los profesionales y asociaciones de periodistas de esa comunidad para evitarlo.

El Consejo ya denunció en abril de 2018 el "morbo, espectacularización y explotación sentimental" que fomentaron algunos medios y la "difusión de imágenes violentas" en la cobertura. El objetivo es que las informaciones no añadan dolor a la familia, como también demanda Aldeas Infantiles SOS.

En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como su uso "responsable". 

Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".