Básicamente el poder adquisitivo está determinado por la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con una cantidad concreta de dinero según el nivel de precios que existan en los mercados. La oferta y la demanda son las fuerzas que definen la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que debe venderse y su incidencia en esas variables está determinada a por diversos factores de índole muy diversa que incluyen desde la cantidad producida de los bienes que se ofrecen, competencia, cambios en los hábitos de compra,… hasta los montantes de las cosechas, el clima, o las estrategias de mercado que puede aplicarse para incidir tanto en la oferta como en la demanda.

Obviamente la oscilación de los precios tiene una significación trascendental sobre el poder adquisitivo, aumentando o disminuyendo esa capacidad, y su medición más fidedigna es la inflación, que es el indicador más directo que pretende indicar de forma más fiable la variación del coste de la compra y la incidencia que puede generar sobre el poder adquisitivo.

Resulta, por tanto, esencial que los Bancos Centrales pretendan, como uno de los objetivos prioritario, conseguir la estabilidad de los precios dentro de los límites considerados adecuados para mantener el crecimiento equilibrado de la actividad económica. Uno de los mecanismos más apropiados para conseguir este objetivo es la aplicación de políticas monetarias adecuadas, entre las que cobra especial relevancia la fijación de los tipos de interés oficiales. Sin embargo, lo que hasta ahora había sido el centro de sus mayores desvelos, como era mantener bajo control los niveles de inflación en el entorno del 2%, ha perdido cierta relevancia , especialmente para incidir sobre los tipos de interés, cuando se ha demostrado que antes de esta crisis que padecemos con tipos anclados en el 0% desde 2016 y, posteriormente, con índices negativos, no han tenido una incidencia significativa ni en las variaciones de la inflación ni en el crecimiento económico.

Por otra parte la realidad está demostrando el desfase de un indicador tan importante como, hasta ahora, ha sido el IPC. La actual metodología, que es utilizada por el INE, confiere un tanto por ciento de ponderación a los diferentes bienes y servicios que componen la cesta de la compra y efectúa revisiones anuales tomando como referencia la última Encuesta de Presupuestos Familiares, que el propio INE publica anualmente, con datos del ejercicio anterior a fin de ajustar el indicador a la realidad más próxima al efecto real que las variaciones de consumo tienen en el índice final. Por tanto la actual medición del IPC está basada en datos de 2018 año en el que no se podían prever los comportamientos del consumo que se han producido en los consumidores. Estos cambios de conducta han sido provocados por las medidas implementadas para tratar de paliar los efectos de la pandemia: confinamiento, trabajo domiciliario, cierres perimetrales, restricciones horarias y hábitos de compra y de consumo.

La elaboración de un nuevo IPC deberá toma referencias de toda índole, tanto internas como exógenas, para ajustar la nueva ponderación a la realidad actual y las tendencias de futuro señaladas por la pandemia, especialmente cuando se vislumbra una aceleración súbita de la inflación según los primeros vestigios que proyectan los datos del mes de Enero, como, así mismo, la función de los salarios para preservar el poder adquisitivo, aspectos que trataremos en el próximo comentario.