Una de las causas que defienden los partidos progresistas ha sido la del feminismo a ultranza. Después del rotundo fracaso del comunismo en Europa, los partidos de izquierdas han liderado el feminismo radical como banderín de enganche. La defensa de la mujer —también la del hombre— es una pretensión loable, máxime si existe algún atisbo de desigualdad; y haberlos haylos, al menos en algunas etapas pretéritas de la historia. Sin embargo, en nombre de la igualdad algunos están creando una profunda desigualdad. Es lo que ha indicado de forma unánime el CGPJ, al informar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la ministra de (des)Igualdad Montero, por el solo mérito de ser compañera del vicepresidente camarada Iglesias.

La ley también conocida por “solo sí es sí”, viene a retorcer el concepto del consentimiento ya contemplado de forma nítida en el actual Código Penal, en referencia a los delitos contra la libertad sexual (agresión y abuso sexual, modalidades delictivas que se pretenden absorber). De esta forma se altera sustancialmente la carga de la prueba: no será la supuesta víctima quien tenga que probar la agresión sexual, sino el acusado agresor o victimario (el verdugo que encendía el fuego y ataba a la víctima en el ara); siempre hombre, claro está. Esta brillante aportación jurídica excretada por el ministerio de “Igual-da”, hace primar la ideología a la razón y el Derecho; el propósito de remediar una injusticia cometiendo otra: la dictadura feminista.

Es el mismo fanatismo ideológico que lleva a gritar el 8-M de hace un año: “El machismo mata más que el coronavirus”; o el “sostenella y no enmendalla” de querer celebrar a toda costa manifestaciones bajo la coartada de 500 féminas; no así procesionar en Semana Santa (quizás por la elevada carga vírica comunista-anticatólica). Cómo habrá sido el bodrio y la chapuza legislativa que hasta los propios ministros juristas del Gobierno (no podemitas) han tenido que salvar su responsabilidad denunciando que esta deposición legislativa atenta contra el principio de la presunción de inocencia; uno de los pilares sobre los que se asienta derecho penal, y que distingue el Estado de derecho de los regímenes democráticos de las dictaduras.

Ese odio hacia el hombre por el sólo hecho de serlo (presunción de culpabilidad), lleva a legislar con ensañamiento arrasando el principio de proporcionalidad de las penas. El asunto se retrotrae desde que se aprobó la Ley de Violencia de Género en 2004; un dislate legislativo que tuvo las bendiciones del TC cuatro años después (7 votos contra 5), en respuesta al aluvión de cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por los juzgados. El hecho incontestable de que 1.081 mujeres hayan sido asesinadas desde 2003, no significa que para revertir esa situación haya que perpetrar otro desafuero. Quizá los datos que aporta el CGPJ (2009-2020) sean definitivos para comprender con precisión el asunto. Durante estos once años se han presentado en los juzgados 1.671.491 denuncias por delitos de violencia de género; han resultado inocentes 1.302.220 machistas (denuncias falsas) y se ha condenado a 369.271 hombres.

De las sentencias condenatorias el 15% han sido de conformidad; el 76% revisten menor gravedad y un 5% han sido graves (ojalá no existieran). Estos datos nos ayudan a comprender que esta ley se ha convertido en un arma de destrucción masiva de la mujer contra hombre; pero al final acaba perdiendo toda la familia, sobre todo los hijos. En estas leyes subyace la ideología de género que es la transposición de la dañina lucha de clases al ámbito de la familia (una superestructura patriarcal). Mientras tanto, las instituciones pican el cebo de lo políticamente correcto, como muchas instancias judiciales que son la voz de sus amos (los partidos que les nombran), interiorizando la doctrina de la perspectiva de género. Hace quince días en el pleno del Congreso se escenificaba el esperpento a favor de la ley zapateril, en la que aplaudían hasta dislocarse las muñecas los diputados (incluye el femenino) del PP y Cs a los portavoces de la CUP o EH Bildu. Quizás esta sea la explicación por la que los centristas han perdido de momento dos millones de votos, con la amenaza del “sorpasso”. La sociedad civil no puede consentir, solo sí es sí, este grave atropello.