El PP alerta del riesgo para los exámenes de la DGT en Motril por la digitalización del Gobierno
Los populares denuncian que la medida condena a los aspirantes de zonas rurales a desplazamientos innecesarios y costosos sin ofrecer alternativas

Jesús Lorente y Lourdes Ramírez
Motril - Publicado el
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El Partido Popular de Granada ha denunciado este lunes “el sinsentido de la propuesta del Gobierno para digitalizar los centros de examen de la DGT sin garantizar recursos ni apoyo técnico”. En una rueda de prensa, la diputada nacional Lourdes Ramírez, junto a representantes de los ayuntamientos de Baza, Guadix, Loja y Motril, ha exigido medidas para evitar la desaparición de estos centros desplazados en la provincia.
El Gobierno de España pretende desmantelar un servicio público esencial para nuestros municipios sin ofrecer alternativas ni financiación"
“El Gobierno de España pretende desmantelar un servicio público esencial para nuestros municipios sin ofrecer alternativas ni financiación”, ha afirmado Ramírez. La diputada ha advertido que la digitalización de las pruebas teóricas “condena a los aspirantes de zonas rurales a desplazamientos innecesarios y costosos”, dificultando que puedan realizar los exámenes en igualdad de condiciones.
Una carga económica inasumible
La portavoz popular ha detallado que los nuevos requisitos impuestos por la Dirección General de Tráfico en materia de conectividad, equipamiento informático o climatización de las aulas se están trasladando a los ayuntamientos sin ningún tipo de financiación.
Es una irresponsabilidad que se pretenda que los municipios asuman una inversión que debería costear el mismo Gobierno"
“Es una irresponsabilidad que se pretenda que los municipios, que cuentan con recursos muy limitados, asuman una inversión que debería costear el mismo Gobierno que tanto alardea de la lucha contra la despoblación”, ha señalado.
Riesgo de cierre y llamada al diálogo
Ramírez ha subrayado que “esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio en Baza, Guadix, Loja y Motril” y ha exigido al Ejecutivo que rectifique y “se abra al diálogo con las entidades locales”.
Para concluir, la portavoz ha reclamado al Gobierno “responsabilidad y altura de miras para dar solución a este asunto lo antes posible”.
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