El Gobierno no frenará la entrega del hijo de Juana Rivas: “Solo los tribunales pueden decidir”

El Ministerio de Justicia ha aclarado que no tiene competencias para frenar la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, y que solo los tribunales de justicia, tanto españoles como italianos, pueden adoptar decisiones en un procedimiento judicial de esta naturaleza.

Esta respuesta llega tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), localidad de la que es vecina Juana Rivas, para impedir el regreso del niño a Italia, tal y como ordena una sentencia firme de un tribunal italiano cuya ejecución se está tramitando en España.

Informes de la Abogacía del Estado y Cooperación Jurídica  

A raíz de dicha petición municipal, el Ministerio que dirige Félix Bolaños solicitó informes urgentes a la Abogacía del Estado y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Ambos órganos han concluido que no existe margen legal para que el Ejecutivo intervenga, al tratarse de una resolución judicial internacional enmarcada en el Reglamento (UE) 2019/1111 y en el Convenio de La Haya sobre sustracción de menores.

Según fuentes del Ministerio, los informes destacan “con claridad” que la autoridad central no puede adoptar decisiones en procedimientos ya judicializados. En este caso, corresponde exclusivamente a los órganos judiciales españoles o italianos decidir si debe ejecutarse la entrega del menor o si existen causas para suspenderla.

A pesar de esta limitación competencial, el Ministerio de Justicia ha manifestado su compromiso con la protección del interés superior del menor. En caso de que se produzca finalmente la entrega del niño este viernes, el Gobierno español mantendrá contacto permanente con las autoridades italianas para garantizar el bienestar del menor.

Asimismo, se requerirá a Italia información continua y actualizada sobre el estado del niño, una vez se encuentre bajo la custodia de su padre, cumpliendo así con los estándares internacionales en materia de protección de la infancia.

Solo los jueces pueden decidir  

El Ministerio recuerda que, tanto en el Reglamento europeo como en el Convenio de La Haya, se establece que la competencia en procesos de ejecución de custodias transfronterizas reside únicamente en los tribunales judiciales. Aunque en los textos normativos se alude a “autoridades centrales” o “administrativas”, España —como la mayoría de países de la UE— ha definido dichas autoridades como órganos judiciales exclusivamente.

Por tanto, cualquier medida cautelar o suspensión de la entrega debe ser solicitada y valorada en sede judicial, como ya se está haciendo en los tribunales españoles en paralelo a las actuaciones legales emprendidas por la defensa de Rivas y por el hijo mayor de la expareja.

Este episodio añade una nueva capa de complejidad al caso de Juana Rivas, que lleva años ocupando espacio público y judicial tanto en España como en Italia. La entrega de su hijo menor ha provocado una fuerte reacción social e institucional, especialmente en Andalucía, donde se han producido manifestaciones y campañas de apoyo para evitar lo que algunos consideran una entrega forzada sin suficientes garantías para el niño.