La Audiencia de Granada ordena investigar a Juana Rivas por sustracción de menores

La Audiencia Provincial de Granada ha acordado reabrir la investigación penal contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores, en respuesta al recurso presentado por su expareja, Francesco Arcuri, quien ostenta la custodia legal del hijo menor de ambos.

En un auto dictado por la Sección Segunda, los magistrados estiman parcialmente el recurso de Arcuri contra el archivo de la causa decretado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada el pasado mes de mayo.

 Incumplimiento de la orden de entrega  

 La Audiencia considera que existen indicios suficientes para investigar a Rivas por haber desobedecido una resolución judicial italiana emitida en febrero, que ordenaba el retorno del menor, de 11 años, a Italia con su padre. Según el auto, el comportamiento de la madre podría constituir un delito de sustracción de menores, tal y como recoge el Código Penal cuando se impide el cumplimiento de una resolución sobre la custodia o la residencia de un menor.  

 Sin embargo, el tribunal rechaza la parte del recurso que pretendía imputar a Juana Rivas un delito de maltrato habitual, al considerar que, aunque el niño pudiera haber sufrido daño psicológico, no hay pruebas de que éste haya sido causado de forma intencionada por la madre. Así lo recoge el auto, que subraya la ausencia de dolo en la conducta de Rivas, un elemento imprescindible para que pueda hablarse de maltrato en el ámbito familiar.  

 Nuevo capítulo judicial para Rivas  

Este pronunciamiento judicial añade un nuevo frente legal al ya complejo proceso que rodea a Juana Rivas desde 2017, cuando fue condenada a prisión por sustracción de menores tras permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos durante un mes. En esta ocasión, el foco se centra de nuevo en el incumplimiento de resoluciones internacionales, lo que podría derivar en una nueva causa penal.

La reapertura de diligencias coincidiría con los recientes movimientos legales impulsados por el hijo mayor de Rivas, Gabriel, quien esta misma semana ha interpuesto una querella contra Arcuri por coacciones y atentado contra la integridad moral del menor.

El caso, lejos de cerrarse, vuelve a polarizar a la opinión pública y a reabrir el debate sobre los límites de la protección infantil, el cumplimiento de resoluciones judiciales internacionales y el papel de las instituciones en los conflictos familiares transfronterizos.