Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, COAG y UPA han convocado, junto a Cooperativas Agro-alimentarias, la celebración el 21 de diciembre en Córdoba capital de una caravana de protesta "en defensa del sector agrario y el medio rural", con la intención de dejar claro que "sin explotaciones rentables el campo no tiene futuro".

Así lo han dado a conocer este viernes en rueda de prensa el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero; el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, afirmando que los agricultores y ganaderos de la provincia, como los del resto de Andalucía, están "al límite" y, entre otras demandas, fundamentalmente reclaman "precios justos" para sus productos.

De hecho y según han señalado, ahora se vive "una situación ruinosa para todos los sectores productivos de Córdoba, debido a los altos costes de los 'inputs' necesarios para producir, la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, y una reforma de la PAC que nos exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva".

A esto se suma, según han añadido, "la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector", y por eso convocan protestas como la del próximo día 21, una caravana que recorrerá la ciudad de Córdoba, con salida a las 10,00 horas desde el Recinto Ferial de El Arenal.

El motivo de esta protesta, como las anteriores que han llevado a cabo en otras provincias andaluzas, es "la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones un apoyo firme a todos los niveles, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en nuestra provincia. Una actividad cuyo futuro está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtenemos los productores".

Por ello, los convocantes exigen "dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos, que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia del mundo rural, y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigamos el cambio climático al ser sumideros netos de CO2".

DEMANDAS

De forma concreta, demandan, respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC), "que el Ministerio de Agricultura cambie sustancialmente sus propuestas y que la Junta de Andalucía mantenga firmeza en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces", para lograr "una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía", y que "se reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz".

En cuanto a los "altos costos" de producción y la fiscalidad que afecta a los agricultores y ganaderos, reclaman "un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria, acabar con la venta a pérdidas y el uso de los productos agrarios como reclamo en los puntos de venta a los consumidores, investigación de oficio ante posibles fijaciones de precios, que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España, y puesta en marcha de tarifas eléctricas competitivas, condonación de impuestos directos y los cánones de riego o rebajas del IVA", junto al "adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas".

Respecto a las nuevas normas laborales "que se pretenden implantar en el campo", las OPA piden "contratos temporales, por ser una necesidad intrínseca a la naturaleza de la actividad, adaptados a la realidad de las cosechas y labores del campo" y, "al igual que el sector de la construcción tiene un tratamiento diferenciado, el sector agrario merece un tratamiento específico".

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También quieren que se adapte "la condición de fijo discontinuo, cualquiera que sea la actividad desarrollada en la empresa, a la realidad de la actividad agraria", para que "este contrato sea beneficioso para las empresas y los trabajadores", junto a "bonificaciones en las cotizaciones de Seguridad Social a la conversión de contratos temporales en fijos y fijos discontinuos" y, por último, que haya "controles en frontera y reciprocidad con terceros países", pues "no es razonable, ni justo, ni estratégico, permitir la competencia desleal de terceros países".