La Diputación atiende a 320 menores y 167 familias en situación de riesgo psicosocial o desprotección

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha atendido a un total de 167 familias y 320 menores en 2024 --entre 12 y 17 años en su mayoría-- en el marco de los Planes de Tratamiento Familiar cuyo objetivo es la intervención en familias en situación de riesgo psicosocial evitando así la adopción de medidas de protección.

En rueda de prensa, la presidenta del IPBS, Irene Aguilera, ha calificado este programa como "complejo por su envergadura y por su implicación", y ha destacado su "efectividad, ya que en el 69% de familias se han conseguido los objetivos planteados, garantizando la seguridad y la atención de las necesidades básicas de los menores. Seguimos trabajando por mantener las familias y esos riesgos controlados".

Del cómputo global --320 menores--, el 55,09 por ciento son procedentes de tratamientos iniciados antes de 2024, ya que los "equipos de tratamiento familiar pueden durar hasta 24 meses".

La también delegada de Bienestar Social de la Diputación ha abundado sobre la tipología de desprotección a la que se enfrentan los menores. "La negligencia y el maltrato psicológico y emocional siguen predominando con un 79,38 por ciento y 66,25 por ciento, respectivamente. Le sigue la incapacidad parental de control de la conducta de los menores (30%), con un 15 por ciento el maltrato físico y abandono de los menores en el 11,56 por ciento de los casos".

Respecto a los indicadores de riesgo asociados a los menores, Aguilera ha especificado el listado que comienza con la exposición a violencia de género (35,63%), problemas de conducta (26,56%) y absentismo escolar (20,31%), y continuando con problemas de salud mental (15,94%), asunción de roles parentales (10,63%), adicciones (9,38%), conductas autolíticas y/o ideación de suicidio (8,75 %), discapacidades (8,75%), violencia filioparental (7,50%) y atención temprana (5,94%).

Aguilera ha señalado también que resulta "fundamental en los procesos de tratamiento familiar la coordinación con otros sistemas de protección. Especialmente fluida es con el Servicio de Protección de Menores". También ha destacado esa coordinación con el sistema educativo (centros de primaria, institutos), sanitario (centro de salud, hospital, atención temprana), prestaciones económicas, y actuaciones en coordinación con ayuntamientos, Fiscalía de Menores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Juzgados, además de asociaciones y ONG.

EL PERFIL

En cuanto a composición familiar, las familias biparentales (ambos progenitores) constituyen el 37,13 por ciento de los casos; y las monoparentales-madre el 35,93 por ciento, frente al 4,79 por ciento monoparental-padre. A destacar también a las familias reconstituidas que representan el 12,57 por ciento.

En cuanto a situación laboral parental, el 49,06 por ciento de las madres está en situación de desempleo, frente al 21,90 por ciento en padres. En lo que respecta al nivel educativo, hay que destacar un significativo porcentaje de padres (51,43%) que no finalizan sus estudios obligatorios, siendo algo mayor en las madres, con un 55,97 por ciento.

Asimismo, el 37,13 por ciento de las familias tienen dificultades económicas, aunque estas no afectan a la cobertura de necesidades básicas. El 32,34 por ciento no tienen esas dificultades, y el 30,54 por ciento restantes tienen dificultades económicas que afectan sus necesidades básicas.