El PP denuncia que ocho municipios de Almería podrían perder la parada de bus por una nueva Ley

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha denunciado, tras la aprobación el pasado miércoles de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso, con los votos en contra del Partido Popular, que ocho municipios de la provincia podrían perder la parada de bus, lo que aislaría aún más a 28.000 almerienses que habitan en localidades como Carboneras, Benahadux, Turre, Tabernas, Los Gallardos, Sorbas, Chirivel y Rioja.

Martínez Labella denuncia que esta Ley es una “trampa” porque según ha explicado “no garantiza ni la movilidad, ni la sostenibilidad, ya que aunque por ley todos los españoles tienen derecho a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a los ciudadanos que viven en los municipios más pequeños, a los que habitan en la España rural”.

“La eliminación de estas paradas de bus va a suponer un hándicap para que muchos almerienses puedan desplazarse de un lugar a otro, una situación que se repetirá a lo largo y ancho de todo el país y que demuestra que para el Gobierno hay ciudadanos de primera y de segunda”, explica.

Además, lamenta que desde el Ejecutivo de la Nación se demonice al vehículo privado, que parece ser el gran culpable de la contaminación y del cambio climático, y lo hagan sin aportar ninguna solución para las personas que lo tienen difícil para desplazarse de cualquier otro modo.

Ana Martínez Labella advierte además de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso va a pelear para que ninguna de las paradas de la provincia de Almería queden eliminadas del Mapa Concesional de Transporte por Carretera, y lo harán estando al lado de las Comunidades Autónomas que van a ser las que de manera subsidiaria tengan que prestar estos servicios.

“El objetivo principal que oculta el Mapa Concesional es la supresión de una parte del servicio prestado por el Estado, para que el mismo sea asumido por las Comunidades Autónomas, lo que supone un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio, mientras que el Estado solo dota a las Comunidades Autónomas de 25 millones de ayuda directa mediante mecanismos de compensación durante dos años, y 15 millones que recaudarían las comunidades derivados de los ingresos que aporten estos servicios una vez sean asumidos por ellas”, ha afirmado.

La diputada del PP denuncia por último que estamos ante una “ley trampa que lo único que garantiza es la inmovilidad de Pedro Sánchez del sillón de la Moncloa”.