Las puertas de la iglesia del Santo Sepulcro se han vuelto a abrir a los fieles y peregrinos una vez que el ayuntamiento de Jerusalén y el Estado de Israel hicieran pública su voluntad de sentarse a dialogar con las confesiones cristianas sobre los nuevos impuestos a bienes inmuebles de las Iglesias. Después de la campaña de denuncia puesta en marcha por las confesiones cristianas de Tierra Santa, los responsables políticos han accedido a dialogar para resolver las diferencias.

Como ha señalado el Custodio franciscano de Tierra Santa, el Padre Francesco Patton, dos han sido las medidas que han creado esta alarma: la imposición de nuevas tasas para los edificios de las Iglesias, con carácter retroactivo, y la futura ley que pretende regular su derecho a la propiedad, el alquiler y las transacciones de terrenos. Los responsables políticos israelíes están olvidando, además del significado de la presencia de las Iglesias en la Ciudad Santa como foco de peregrinaciones y turismo, el servicio social que prestan a través de sus colegios y hospitales.

Estas medidas traicionan los tratados internacionales sobre el estatuto de las confesiones cristianas en Jerusalén y ponen en peligro la presencia de las Iglesias y la libertad de la práctica cristiana. Supondrían, de llevarse a efecto, un acto de discriminación sin precedentes por parte de las autoridades tanto del municipio de Jerusalén como del Estado de Israel.