La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado en el Senado que seis de los nueve incumplimientos que el Tribunal de Justicia de la UE imputó a España en 2018 están ya "cerrados y en funcionamiento".

Así lo ha alegado la vicepresidenta tercera este martes en la Cámara Alta, ante la pregunta del senador socialista Fernando Lastra Valdés sobre "las medidas adoptadas para solventar la situación creada en julio de 2018", en referencia a la sentencia que obligaba a España a pagar "la mayor multa de la historia de la UE" a este país, 11 millones cada semestre, por la mala gestión de aguas residuales.

En su intervención, Lastra Valdés ha culpado al Partido Popular de no ocuparse del asunto en ocho años de gobierno, y ha lamentado que "incumplir es caro" y tiene un "doble castigo: la sanción económica y el daño ambiental".

"Al llegar al Gobierno, lo primero que nos encontramos fue una multa por ejecución de sentencia incumplida por un importe de casi 11 millones de euros cada seis meses en relación al incumplimiento de nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes", ha recordado la ministra, para añadir que "afortunadamente, seis de estos expedientes están satisfactoriamente cerrados y en funcionamiento".

"Nos pusimos a trabajar intensamente, las obras hidráulicas no son sencillas", ha destacado Ribera, y ha agradecido el esfuerzo a la dirección general del agua y de las conferencias hidrográficas, que ha contribuido a reducir la multa.

Ribera ha destacado además que confía en que los otros tres expedientes, "sobre los que no había absolutamente nada escrito", se solucionen en los próximos años, pues el Gobierno ha marcado el saneamiento y la depuración como "una de las grandes prioridades en el nuevo ciclo hidrológico", ha manifestado.

Aun así, ha reconocido que lo que se ha hecho hasta ahora es "insuficiente", pues "sigue habiendo quinientas aglomeraciones que no cumplen con toda la normativa en materia de saneamiento y depuración, doscientas de las cuales están en Andalucía".

Ribera ha afeado que la Junta de Andalucía aprobara en las últimas semanas la supresión del gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma.

"De todo lo que tenemos pendiente para que los vecinos puedan vivir con dignidad y las aguas lleguen correctamente depuradas al cauce de los ríos, parece que la Junta de Andalucía hace dejación de funciones una vez más, y supongo que pedirá el dinero en algún sitio para que con esta supresión del canon o con la supresión del impuesto de patrimonio los demás asumamos en efecto el poder corregir esa desviación", ha sentenciado.

Entre los esfuerzos del Gobierno central para favorecer la calidad de las aguas, Ribera ha subrayado que el nuevo ciclo de planificación, que cuenta con más de 7.000 millones de euros, abordará además de los actuales problemas los "nuevos desafíos en depuración", como la presencia de microplásticos o antibióticos, cuyos niveles están "muy por encima de los estándares que obliga la UE y que tenemos que revisar en nuestra presidencia".