Más de quinientas organizaciones, sindicatos y académicos "exigen" al Gobierno una ley de debida diligencia de derechos humanos y medioambientales en España, petición que ha realizado este jueves la Plataforma por las Empresas Responsables.

La Plataforma por las Empresas Responsables representa a más de 570 organizaciones de la sociedad civil y demandan la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas actuar con transparencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales tanto en territorio nacional como fuera.

Según datos facilitados por la Plataforma, en 2020, el 70 % de los defensores de los derechos humanos asesinados estaban relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas.

El responsable de corporaciones de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, ha señalado en la videoconferencia de presentación de la petición la necesidad de aprobar una ley que "garantice el acceso a la justicia y el derecho a huelga de las personas afectadas" en terceros países.

Según Soto, "la falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas".

Los cinco representantes de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Greenpeace, Unión Sindical Obrera, Amnistía Internacional y el Observatorio de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) han coincidido en que las empresas españolas "no se han responsabilizado" de los daños causados a la hora de construir, "provocando desastres naturales o violaciones a los derechos humanos".

Por ello, desde la Plataforma por las Empresas Responsables, recogen en su propuesta cinco elementos "clave" sobre la obligación de las empresas a desarrollar los planes de debida diligencia y sancionar su incumplimiento, con su sistema disuasorio de infracciones y sanciones correspondientes.

La representante del Observatorio de RSC, Isabel Tamarit, ha añadido a estas medidas la designación de una autoridad pública independiente para que "rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro", así como la "obligatoriedad" de publicar un informe anual con la información "detallada" de sus acciones.

En este sentido, la portavoz de Amnistía Internacional, Marta Mendiola, ha denunciado la "opacidad" por parte de las empresas españolas sobre la documentación de sus actividades en otros países, fuera de la Unión Europea, o mecanismos de evaluación de riesgos medioambientales y de los derechos humanos.

Las "lagunas de responsabilidad", así como la "ausencia" de normativa vinculante que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos, tanto humanos como medioambientales, ha puesto en jaque la responsabilidad corporativa de algunas las empresas españolas y "pone de manifiesto la necesidad de regulación de la debida diligencia", aseguran las organizaciones socias de la Plataforma.

La portavoz de Sostenibiliad de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Almudena Moreno, ha puesto como ejemplo de reflexión el impacto medioambiental y el derecho de acceso al agua de más de 30.000 personas en el departamento Altoverapaz (Guatemala) por la construcción de un complejo hidroeléctrico.

Ha explicado que "la construcción se hizo por fases de cinco kilómetros, por lo que no se pudieron ver las consecuencias hasta que se ocuparon treinta kilómetros, acaparando el agua del río Cahabón, uno de los ríos sagrados para la población y dejando a solo el 20 % de la población con acceso al agua".

La elaboración de esta ley ha llegado a las agencias de los gobiernos de países como Francia, Alemania y Noruega, que llevan trabajando en esta dirección desde 2017, según la Plataforma.

Sin embargo, Mendiola subraya que en los cumplimientos empresariales por parte de estos países "hay luces y sombras" y España debería de aprobar esta ley, pero con "totalidad en las garantías" de transparencia y riesgos.

Por ello, las asociaciones piden al Gobierno, antes de que finalice la legislatura, una ley de debida diligencia de derechos humanos y medioambientales en España, ya que "no pueden mejorar la imagen y reputación del país en el exterior, si no se cumplen con estos derechos", ha concluido la representante de la Unión Sindical Obrera, Sara García.

Según datos de los participantes, el año 2020 se marca como "el peor año" para los derechos laborales y sindicales en todo el mundo, con el 85 % de los países sin derecho a huelga y 72 % a la justicia.