Amnistía Internacional teme, tras una investigación realizada sobre el terreno en la que ha entrevistado a 70 personas, que Canarias se convierta en una frontera sin derechos para los migrantes y en "otro fallo del modelo de acogida", como el que se ha producido a su juicio en zonas de llegadas masivas de Grecia e Italia.

Así lo advierte la ONG en el informe que ha dado a conocer este martes y en el que advierte de que ante el posible incremento de nuevas llegadas este verano "no se puede crear en Canarias otra situación como la del muelle de Arguineguín", donde en 2020, en plena pandemia, llegaron a permanecer hacinadas 2.000 personas migrantes a quienes "se vulneró su derecho a no ser privado de libertad de manera arbitraria".

"El Gobierno está a tiempo de impedir que Canarias se convierta en otra frontera europea sin derechos para las personas migrantes y refugiadas", refiere la organización.

AI insta al Gobierno español a "tomar medidas para garantizar una acogida digna y el acceso a procedimientos de asilo, derecho de información y asistencia letrada, además de facilitar los traslados a la Península de personas vulnerables" tras la, a su juicio, "gestión caótica e improvisada del verano de 2020, que dejó desamparadas a miles de personas, algunas de ellas en situación de especial vulnerabilidad".

La oenegé pide, además, que se ponga especial énfasis en buscar soluciones adecuadas y estables para los menores no acompañados que transitan por la ruta canaria, una de las más peligrosas del mundo y en la que, según la Organización Internacional de las Migraciones, en los seis primeros meses de 2021 han muerto más personas que en todo el año pasado.

Una cifra que "sigue incrementándose ante la falta de rutas legales y seguras" y que la ONG Caminando Fronteras ha elevado a 1.900 víctimas, que habrían fallecido ahogadas en los 57 naufragios acaecidos durante los seis primeros meses del año, agrega la nota.

La responsable de Política Interior en AI España, Virginia Álvarez, ha explicado que "aunque los gobiernos central y canario llevaron a cabo algunas medidas, como el denominado Plan Canarias adoptado en noviembre de 2020 para dotar a las islas con macrocampamentos para la acogida de emergencia a estas personas, y se están acelerando algunos traslados, el caos, la falta de previsión y de coordinación entre los distintos ministerios y entre administraciones ha impactado en la vida de las miles de personas migrantes llegadas a Canarias.

"El gobierno no puede esperar a que la situación de estas personas se deteriore al extremo para decidir tomar medidas, sino que debe impedir que se repitan las espeluznantes escenas que hemos presenciado de personas retenidas en condiciones inadecuadas en las islas, sin acceso a derechos como el de información o asistencia letrada", ha afirmado.

AI pide finalmente al Gobierno "que facilite el acceso a procedimientos de asilo e identifique a las personas vulnerables y facilite su traslado a la Península para su asistencia y protección".