MEDICAMENTOS FINANCIACIÓN

Sanidad financia un fármaco innovador de Novartis en función de su eficacia

El Ministerio de Sanidad financia desde enero un medicamento innovador enmarcado en la inmunoterapia celular (CART) de la farmacéutica Novartis (Kymriah), en función de su resultado y eficacia, puesto que la compañía no cobrará el 64 % del coste total si el paciente no sobrevive más de 18 meses.,Fuentes de la negociación han confirmado a Efe la información adelantada por el diario "El País", que señala que Sanidad y Nov

Agencia EFE

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(Actualiza la NA4227 con datos aportados por Novartis)

El Ministerio de Sanidad financia desde enero un medicamento innovador enmarcado en la inmunoterapia celular (CART) de la farmacéutica Novartis (Kymriah), en función de su resultado y eficacia, puesto que la compañía no cobrará el 64 % del coste total si el paciente no sobrevive más de 18 meses.

Fuentes de la negociación han confirmado a Efe la información adelantada por el diario "El País", que señala que Sanidad y Novartis acordaron un modelo de pago por resultado para financiar este fármaco para tratar pacientes de hasta 25 años con leucemia linfoblástica aguda de células B y para adultos con linfoma B difuso de célula grande.

Se trata, según han corroborado las fuentes, de un sistema aplazado de pago por el que la compañía no cobrará la segunda parte del coste si el paciente no sobrevive más de año y medio.

La fórmula de "pago por resultados" se está aplicando para financiar algunos fármacos innovadores y de alto impacto económico y sobre todo en patologías poco frecuentes y oncológicas que no tengan otra alternativa terapéutica.

Fuentes de Novartis han detallado esta tarde a Efe que en enero, cuando se aprobó Kymriah, la compañía acordó con Sanidad este modelo innovador de pago por resultados en salud para asegurar el acceso a la primera CART incluida en la cartera de la sanidad pública por parte de todos los pacientes que lo necesitaran.

Organizaciones de profesionales sanitarios, consumidores y ONGs, a través de la campaña "No es Sano", han intentado que se haga pública información sobre la aprobación de este fármaco y han acusado a Novartis de intentar evitar en los tribunales que el Gobierno dé esos datos.

La campaña está promovida por la Organización Médica Colegial, Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM), Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Sespas, CECU y No Gracias, y cuenta con el apoyo de Oxfam Intermón y de Instituto de Salud Global de Barcelona.

"No es Sano" realizó a través del portal de Transparencia una petición a Sanidad para conocer el precio de Kymriah y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban la aprobación de la financiación pública.

En enero, el Gobierno envió a la campaña un escrito con el precio de financiación del tratamiento, que alcanza los 320.000 euros en España.

Sin embargo, según señaló "No es sano" en un comunicado del 28 de octubre, en el caso de los criterios ofreció una información "genérica e incompleta que no respondía a la solicitud".

Por ello, la campaña acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, que le dio la razón e instó al Ejecutivo a facilitar la información.

Ahora, según estas organizaciones, "Novartis ha decidido llevar el caso a la Justicia para paralizar el proceso e intentar evitar por vía judicial que la campaña, y por tanto la ciudadanía, tenga acceso a esta información".

Fuentes de la farmacéutica han explicado a Efe que han decidido recurrir judicialmente la resolución del CTBG principalmente porque el procedimiento impulsado por 'No Es Sano' se tramitó "sin informar" a la compañía y "sin dar oportunidad" a ésta de presentar alegaciones.

Además, han subrayado que la Ley de Transparencia dispone que "cuando una petición de información pueda afectar a una persona o empresa directamente, se debe conceder a esa persona o empresa la posibilidad de presentar alegaciones sobre la petición", y han asegurado que eso "no se hizo en este caso".

"Se trata por lo tanto de un recurso legítimo para ejercer un derecho que tienen todos los ciudadanos", han incidido desde la empresa.

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