El Ministerio del Interior ha emitido una instrucción que obliga a recoger en los atestados policiales por violencia machista la situación administrativa de aquellas víctimas en situación irregular con el objetivo de agilizar la suspensión de posibles procedimientos sancionadores de expulsión.

Suspender esos procedimientos sancionadores en casos de violencia de género es una medida ya recogida en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y el Pacto de Estado también incluye entre sus medidas la mejora de protección a todas las víctimas de la violencia de género, evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular.

Con esta instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso Efe, se pretende facilitar que se informe a la víctima ya en las dependencias policiales de su derecho "a solicitar autorización de residencia temporal y trabajo a su favor" y al de sus hijos menores o con discapacidad.

A partir de esta orden, en todos los atestados policiales debe constar la situación administrativa, de modo que "debe quedar perfectamente reflejado en el mismo, mediante la oportuna diligencia, la situación administrativa de la víctima".

La unidad policial que instruya el atestado recogerá esa información -que tendrá que incluirse en el Sistema Viogén de forma automática antes de que termine el año-, con el objetivo de que las autoridades competentes suspendan inmediatamente el expediente de expulsión hasta que termine el proceso penal.

En el caso de que ese expediente no se hubiera incoado cuando se interpuso la denuncia por maltrato, se pospondrá su decisión igualmente hasta que finalice el procedimiento judicial.

De no paralizarse el expediente de expulsión de la víctima extranjera en situación irregular, "daría lugar a la desprotección de la víctima, que de este modo quedaría en situación de gran vulnerabilidad".

En 2016, la Fiscalía ya emitió un oficio sobre la necesidad de que los atestados policiales por violencia machista incorporaran esta información administrativa para que las víctimas fueran informadas de los derechos que les asisten.