La tripulación del buque de ayuda y rescate Open Arms ha denunciado este viernes que el Mediterráneo se cobra cientos de muertes mientras Italia retrasa las misiones humanitarias.

Los tripulantes están trabajando a contrarreloj en el puerto de Burriana (Castellón) para poner a punto su barco de rescate y volver al Mediterráneo central a "hacer lo que nadie más está haciendo en estos momentos: salvar vidas".

El actual jefe de misión de la nave, David Llado, es voluntario en la ONG desde 2018 y ha recordado que los primeros años eran muy diferentes a la situación actual.

Él todavía no había embarcado en Open Arms cuando el Gobierno de Italia inició la operación humanitaria de ayuda y rescate que bautizaron como Mare Nostrum, pero sí presenció el cambio de rumbo de Roma en 2017 con el ascenso del centroderecha.

Ese fue el momento, ha recordado, en el que el Gobierno italiano dejó de realizar rescates, de coordinar a las ONG para apoyar esas operaciones. Trató de criminalizarnos y echarnos del Mediterráneo, ha denunciado.

Estos temas de geopolítica son difíciles de explicar: lo primero que hay que entender es que existen zonas marítimas en aguas internacionales que se asignan a distintos gobiernos, responsables en materia de búsqueda y salvamento (zona SAR), aunque esas aguas no sean de su dominio, ha detallado Llado.

La zona SAR más critica por su cercanía a Libia pertenecía a Italia hasta entonces. El Gobierno italiano era quien localizaba las embarcaciones, nos decía dónde ir y nos daban rápidamente, como marca la ley, un puerto seguro donde desembarcar. Así eran las cosas hasta que esta zona SAR pasa a asignarse a Libia definitivamente en 2018, pese a ser un Estado fallido, sin recursos ni voluntad para realizar rescates y en el que se violan constantemente los derechos humanos.

Cuando Italia abandona su política de rescate, comienza a facilitar armas, formación y fragatas militares a las milicias libias las mismas responsables del tráfico de personas, algunos de cuyos comandantes están buscados por la Interpol, que pasan a denominarse guardia costera, según el relato de Llado.

Con este panorama, desde finales de 2017, Italia "ha tratado por distintos medios de criminalizar a las ONG de rescate, que no solo siguen realizando sus labores, sino también graban los delitos que se cometen a diario en el Mediterráneo".

Ahora tenemos que rastrear el mar las ONG por nuestra cuenta desde una avioneta, dar aviso al gobierno y aún así ni nos contestan. En octubre del año pasado estuvimos diez días con 256 personas a bordo esperando que nos dieran puerto seguro, ha recordado Llado.

Además, tratan de retrasar y entorpecer administrativamente la labor humanitaria, lo que al tiempo amenaza con ahogar económicamente a las ONG: "Desde el año pasado, cada vez que llegamos a puerto Italiano nos someten a un Port State Control, una inspección del barco que tan solo se realiza al resto de embarcaciones si se tiene conocimiento de algún problema, y tampoco lo llevan a cabo de forma tan minuciosa como a nosotros".

Estas inspecciones pueden extenderse hasta 17 horas y mantener el barco en el puerto durante meses. Hemos llegado a estar tres meses después de una inspección en la que han anotado hasta que teníamos un tarro de mayonesa caducado en la nevera o recriminado que llevamos demasiados chalecos salvavidas, ha denunciado Llado.