Organizaciones de defensa de migrantes y de la infancia han denunciado que los Gobiernos español y marroquí están vulnerando los derechos de los 23 menores extranjeros no acompañados (menas) al iniciar un proceso de repatriación de los jóvenes sin "la debida asistencia letrada".

El Ministerio Interior ha abierto un procedimiento para evaluar la posible repatriación de 23 menas de origen marroquí, que han sido entrevistados esta semana en la Fiscalía de Menores de la Audiencia de Madrid, y tras analizar la documentación de cada uno adoptará una decisión final con los informes de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía y en virtud de un convenio suscrito con ese país en 2012.

La Plataforma de Infancia ha expresado su "preocupación por el inicio de los trámites de repatriación de estos niños sin la debida asistencia letrada" y ha explicado que de acuerdo con la ley "únicamente podría llevarse a cabo una repatriación tras un proceso en el que, después de valorar las circunstancias de cada caso individual, incluyendo la situación en origen, se considere que la es lo mejor para cada uno de estos niños".

"La ausencia de asistencia jurídica en dichas entrevistas supone una clara vulneración del derecho a ser oído de estos niños", ha aseverado Adolfo Lacuesta, presidente de la Plataforma de Infancia, quien recuerda que el Comité de los Derechos del Niño establece que "únicamente podrá determinarse el interés superior de un menor si se le ha escuchado previamente de manera efectiva".

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado que se hayan iniciado esos procedimientos "sin aclarar los criterios de selección de los 23 menores, ni garantizarles acceso a letrado ni información previa".

También Save The Children ha expresado su preocupación por la posible repatriación de los menores y ha pedido que no se lleven a cabo hasta que no existan "todas las garantías de seguridad y bienestar de los menores en su país de origen cuando se intente hacer en contra de su voluntad o sin ser escuchada su opinión".

Por su parte, la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes ha pedido al Gobierno que paralice el procedimiento abierto a los 23 menores y que cualquier acción se adopte se haga conforme a la Convención de los Derechos de los Niños, la Constitución y cualquier otra legislación.

"En cualquier medida que tomen las instituciones, los tribunales o las autoridades administrativas o los órganos legislativos relativa a menores deberá primar el interés superior de los niños", señala esta organización en un comunicado.

Recuerda que "la voluntad de estos jóvenes no es la de volver a Marruecos, no existen las garantías suficientes que demuestren el consentimiento de las familias para la recepción de los menores, ni las condiciones necesarias para realizar una acogida e reintegración adecuadas en las instituciones de infancia".