Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) considera que la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) es consecuencia de la "errónea" política migratoria del Gobierno, al que ha recordado que sus medidas deben realizarse siempre "con respeto a los derechos humanos".

A través de un comunicado, los magistrados han señalado que, "dejar en situación de abandono en la calle" a las más de 200 personas que fueron sido desalojadas del muelle esta semana, "colisiona con los principios de hospitalidad y dignidad" que, a su juicio, "son la esencia y fundamento de las sociedades democráticas europeas".

"El resultando es incompatible con un estado democrático de derecho la inseguridad jurídica y personal con la que se está afrontando la situación en Canarias", ha denunciado la asociación.

A su juicio, la respuesta "urgente" a las necesidades de estas personas "no se puede considerar como un hecho coyuntural", pues responde a "la lógica de las migraciones del presente siglo, en las que los desplazamientos de las rutas de entrada son una constante, dependiendo del lugar donde se establezcan con más intensidad los controles fronterizos".

PETICIONES AL GOBIERNO

JJpD advierte de que Europa está "ante fenómeno estructural y cambiante, desde Lesbos a Canarias" por lo que, en su opinión, debería tener una "respuesta conjunta".

Y en concreto, los jueces reclaman que se asegure el control judicial de la legalidad de la detención, tanto de los plazos como de los derechos que asisten al detenido; así como la asistencia letrada y de interprete. "Sin un asesoramiento adecuado y comprensible no es posible ejercer los derechos", han apuntado.

También quieren que se identifique a los menores de edad, ya que gozan de un estatuto jurídico de protección que impide su expulsión. Además, piden que se permita el acceso a los medios de comunicación para que la información sobre el terreno sea transparente.

"JJpD quiere mostrar su compromiso con los derechos humanos y las personas más vulnerables", ha señalado, para recordar que el Gobierno tiene legitimidad para poner en marcha políticas migratorias "de integración y protección social", frente a la "inútil política de muros y exclusión" que considera "propia de la (in)cultura de la frontera".