El Gobierno de Pedro Sánchez contempla en los presupuestos para este año una partida de 50 millones de euros para ayudas a los afectados por la talidomida, un fármaco para las náuseas del embarazo que causó malformaciones en miles de bebés nacidos en España entre 1950 y 1985.

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) entregado hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, las ayudas sociales para los afectados por este fármaco suponen un 150 % más que en 2018.

Este se el segundo año que las cuentas públicas destinan una cuantía específica para este colectivo, que el año pasado recibió 20 millones de euros.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) se reunió la semana pasada con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, quien les informó de que el Gobierno no contempla regular la exención fiscal de las ayudas, tal y como reclaman los afectados.

Así, Avite anunció su intención de demandar al Estado al considerar que su pretensión es "legítima" y evita agravios comparativos con el resto de afectados del mundo y con víctimas en España de otros daños, como contagiados VIH o la hepatitis C o heridos en accidentes de tráfico o lesionados por negligencias médicas o por el terrorismo.