El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía la declaración de emergencia a varios ayuntamientos de las provincias de Teruel, Valencia, Cádiz, Huelva y Málaga que hace años sufrieron daños a consecuencia de temporales y que no fueron incluidos en las ayudas estatales para paliarlos.

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se ha aprobado un Real Decreto para solucionar una cuantía de ayudas para Ayuntamientos afectados por temporal pero que dejó fuera a otros consistorios que sufrieron daños por la misma causa.

Ahora, la ministra ha dicho que en el Consejo de Ministros soluciona con un Real Decreto la situación de estos municipios, mediante las situaciones de emergencia con la ley de 2007.

De este modo, con este Real Decreto se busca paliar los efectos causados por los temporales y en los acuerdos del Consejo de Ministros del 9 y 23 de diciembre de 2016, a los daños sufridos en infraestructuras municipales como consecuencia de catástrofes naturales ocurridas hasta junio de 2017.

En el año 2016 se produjeron precipitaciones persistentes que hicieron adoptar medidas para restablecer los servicios públicos esenciales. El Consejo de Ministros, el 9 y el 23 de diciembre de 2016, acordó declarar a las provincias que sufrieron los daños "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", adoptando medidas para reparar los daños causados.

Asimismo, durante los meses de enero a junio de 2017, continuaron los sucesos catastróficos que hacían necesaria la intervención de la Administración General del Estado y la aplicación de las medidas previstas en los acuerdos del Consejo de Ministros mencionados y del artículo 6 del Real Decreto-ley 2/2017, precepto que regula la cooperación con las administraciones locales en las obras de reparación de infraestructuras.

El Real Decreto que este viernes extiende el ámbito de aplicación de las medidas previstas en el citado artículo 6, así como en los mencionados acuerdos del Consejo de Ministros de 2016, mediante la concesión de una subvención de hasta el 50 por ciento del coste de las obras de reparación de infraestructuras a los municipios a los que se refiere el anexo del proyecto.

En concreto, se trata de poblaciones de Andalucía, en las provincias de Huelva (Punta Umbría y Cartaya), provincia de Málaga (Málaga) y provincia de Cádiz (Puerto Real); Comunitat Valenciana, en la provincia de Valencia (Montesa) y en Aragón, en la provincia de Teruel, en Aguilar de Alfambra, Manzanera, Camarena de la Sierra, Olba, San Agustín, Cascante del Río, Alcañiz, Aguatón, Argente, Caminreal, Monreal del Campo, Montalbán, Ojos Negros, Torrijo del Campo, Fuentes Claras, Crivillén y Torrelacárcel.