Canarias ve "clave" aumentar el IMV en las islas para atender a las personas vulnerables

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este lunes que es "clave" aumentar el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las islas para mejorar la cobertura de personas en situación de vulnerabilidad social.

En esa línea ha dicho que "el objetivo es que la Renta Canaria de Ciudadanía sea complementaria a este ingreso estatal", una vez conocido que Canarias fue la comunidad autónoma en la que más aumentó el gasto en rentas mínimas de inserción tras la implantación, por parte del Estado, del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En concreto, se registró una subida del 126,7%, según datos del último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Derechos Sociales sobre la evolución de la inversión en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) relativa al periodo 2020-2022.

En la actualidad, en Canarias hay alrededor de 13.000 familias perceptoras de Renta Canaria de Ciudadanía, que gestiona la Dirección General de Servicios Sociales, pero, en cambio, el Ingreso Mínimo Vital apenas supera los 2.000 beneficiarios en el archipiélago.

"El objetivo es que la Renta Canaria de Ciudadanía complemente los ingresos de quienes también perciben el Ingreso Mínimo Vital y, al mismo tiempo, llegue a personas que están en exclusión pero que no cumplen con los requisitos que establece el Ingreso Mínimo Vital", añade.

Una de las opciones que ha planteado recientemente el Gobierno central es la posibilidad de ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas.

"Es una posibilidad, pero siempre y cuando contemos con recursos económicos y personal", precisa Delgado.

Según el informe, correspondiente a datos del 2022, el porcentaje del gasto de Canarias en rentas mínimas ascendió en más de un 126%, seguido por las comunidades de Baleares (con un incremento del 87,3%), Cataluña (23,3%) y Comunidad Valenciana (10,81%).

En cuanto a la cuantía, que es el porcentaje que supone el gasto medio por titular en relación con la renta media por hogar en el correspondiente territorio, las comunidades autónomas que otorgaron mayores cuantías fueron Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%).

Por el contrario, las que menos cuantías destinaron fueron Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y Aragón (2,5%).

Además, señala el informe que un total de 13 comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas, hasta más de un 80% en el caso de Madrid y Aragón.

Según indica el estudio, la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades, supone que en los dos años trascurridos desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros.