El Govern balear ha ejecutado 16 expropiaciones de pisos de grandes tenedores que destinará a alquiler durante siete años, un proceso pionero en España con el que pretende recuperar el uso social de las viviendas vacías.

El director general de Vivienda de Baleares, Eduardo Robsy, ha celebrado este jueves que su departamento haya superado "todos los obstáculos jurídicos" que le han planteado los bancos y las grandes inmobiliarias propietarios de estos pisos, situados en Menorca (8), Ibiza (5) y Mallorca (3).

El Govern pagará por el uso de las viviendas expropiadas unos 540.000 euros de los que 170.000 se destinarán a la reforma de los inmuebles, lo que supone un coste para las arcas públicas de 276 euros mensuales por vivienda, muy por debajo del precio de mercado, ha subrayado Robsy.

El director general ha destacado que están sin resolver las demandas interpuestas por los grandes tenedores afectados por esta herramienta legal, fijada por la Ley de Vivienda autonómica de 2018, pero ha puesto el acento en que los juzgados han negado hasta el momento todas las solicitudes de medidas cautelares para frenar las expropiaciones.

El pasado marzo el Govern inició un expediente de cesión obligatoria temporal que afectaba a 56 viviendas. De estas, 16 han sido expropiadas, 6 han sido adquiridas por la administración autonómica haciendo uso de su derecho de tanteo y retracto en operaciones de compraventa entre grandes tenedores y 21 han sido alquiladas o vendidas a particulares por sus propietarios.

Robsy ha indicado que las otras 13 no cumplían la condición de haber estado cerradas y fuera del mercado inmobiliario durante dos años seguidos, en algunos casos por haber sido ocupadas, un supuesto contemplado porque se entiende que ese uso se corresponde con la función social de las viviendas.

El director general se ha mostrado convencido de que todos estos inmuebles habrán sido entregados a inquilinos inscritos en la bolsa de demandantes de alquiler social antes de medio año y ha precisado que las reformas en las viviendas tendrán carácter prioritario.

Robsy ha hecho hincapié en el gran esfuerzo de los trabajadores de su departamento para conseguir estas expropiaciones pese a la oposición de propietarios que tienen a su servicio a algunos de los mejores bufetes de abogados de España y que, además, en muchos casos han mostrado una actitud obstruccionista.

En este sentido, ha informado de que se han ejecutado seis expedientes sancionadores y hay otros cuatro en tramitación con multas totales que ascienden a 50.000 euros.

"Los grandes tenedores han entendido de una vez que no pueden dejar pisos vacíos de forma indefinida", ha enfatizado el director general de Vivienda.