El aprendizaje del catalán entre la población adulta inmigrante es una prioridad de la política lingüística del Govern, dado que el 72,4% de los alumnos del Consorcio por la Normalización Lingüística (CPNL) ha nacido en el extranjero.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha entregado este viernes el Informe de Política Lingüística 2018 al presidente del Parlament, Roger Torrent, junto con la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.

Según recoge el informe, las personas inmigrantes representan el 18.2% de la población catalana y más de 100.000 personas adultas, mayoritariamente de fuera de Cataluña, han aprendido catalán en el 2018.

EL CPNL CRECE

También han informado de la creación de un nuevo curso oral, 'Ep! Escolta i Parla', para dar respuesta "al incremento de aprendices no alfabetizados o con dificultades de aprendizaje", que está previsto que se integre en 22 centros del CPNL de cara al 2020.

Además, el informe destaca que el CPNL ha incrementado un 5% la cifra de alumnos respecto el 2017 y ha superado los 80.000 inscritos en los cursos que ha impartido y, en el ámbito socioeconómico, ha firmado 2.128 convenios con empresas catalanas, 600 más que el año pasado.

INTERNET, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

El servicio de consultas lingüísticas en catalán 'Optimot' y el espacio virtual de aprendizaje de la lengua catalana 'Parla.cat' han celebrado su décimo aniversario con 100 millones de búsquedas acumuladas y 280.000 inscritos en todo el mundo en diez años respectivamente.

El informe también señala que 9 de las 10 webs más vistas en Catalunya tienen versión catalana, e informa que el consumo de radio y televisión en catalán es mayoritario con un nuevo récord de liderazgo de TV3, con una cuota del 14%, mientras que el consumo de prensa en catalán se mantiene.

El catalán en el ámbito cultural muestra buena salud y es la lengua más utilizada en espectáculos y artes escénicas pero en el ámbito jurídico y judicial sigue en "una situación difícil" y solo representa el 7,7% de las sentencias judiciales y el 8,79% de documentos mercantiles.