Madrid, 22 nov.- Hasta dos meses tardan algunos ayuntamientos en conceder y abonar ayudas de emergencia social, destinadas a comida, ropa o vivienda, denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha propuesto a los grupos parlamentarios una enmienda para que esas ayudas dejen de ser subvenciones.

La enmienda propone la modificación de un solo artículo de la Ley General de Subvenciones para que esas ayudas de urgente necesidad que ofrecen los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones a personas y familias para sufragar necesidades básicas no tengan carácter de subvención.

De esta forma, se simplificarían los procedimientos y se aliviaría la carga burocrática que en algunos casos retrasa durante semanas las ayudas que muchos ayuntamientos han incrementado hasta un 30 % pero que imposibilitan a muchas personas su acceso por "la rigidez de la intervención municipal", argumenta la iniciativa.

"Hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses a dar una ayuda de urgencia social, lo que les hace perder todo su sentido, y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes", lamenta el director de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

La asociación reclama a los grupos parlamentarios, que en el debate de los Presupuestos Generales para 2022 se apruebe esa modificación, "pensando en la angustiosa situación que viven más de 3 millones de personas en nuestro país, gravemente afectadas por la actual crisis económica consecuencia de la pandemia".

"Con ello el próximo año se podría ahorrar el sufrimiento de cientos miles de familias en situaciones de extrema necesidad y también agilizar el funcionamiento de los servicios públicos", asevera Ramírez.

La asociación explica que algunas comunidades autónomas han incrementado esta financiación "con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones".

Recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales incrementó en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales -destinado a ayuntamientos- hasta 100 millones de euros, lo que ha permitido a las entidades locales aumentar sus ayudas, aunque "el injustificable retraso en distribuir ese crédito, lo ha hecho, en la práctica, inutilizable".

En 2020, se concedieron en torno a un millón de ayudas de urgente necesidad, con una cuantía media de 184 euros y un gasto total de 160 millones de euros, según una estimación de la asociación con datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

"Estos datos contrastan con las cifras oficiales de pobreza en nuestro país: 3,3 millones de personas sufren carencias materiales graves, 12,4 millones en riesgo de pobreza o exclusión social y 4,6 millones de personas viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo", recuerdan los gerentes de servicios sociales.