COLOMBO, 2 (Reuters/EP)

El embajador de la Unión Europea en Sri Lanka, Tung-Lai Margue, ha advertido este viernes al Gobierno cingalés de que podría retirarle las ventajas comerciales que tiene actualmente si da marcha atrás en materia de Derechos Humanos, un mensaje que llega después de que el presidente ceilandés, Maithripala Sirisena, relevara al primer ministro elegido democráticamente para nombrar en su lugar al expresidente Mahinda Rajapaksa.

La Unión Europea está preocupada por la posibilidad de que la vuelta del expresidente Mahinda Rajapaksa al poder, esta vez como primer ministro, pueda hacer descarrilar los progresos en el marco del proceso de reconciliación nacional tras el final de la guerra contra el grupo armado separatista Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), un conflicto que acabó con la vida de decenas de miles de personas.

"El Gobierno obtuvo el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por sus siglas en inglés) de acuerdo con unos determinados compromisos. Si estos compromisos no se cumplen, entonces consideraremos retirarlos", ha explicado a Reuters el embajador de la Unión Europea ante Sri Lanka, Tung-Lai Margue.

El estatus GSP Plus es un régimen que permite a Sri Lanka que sus principales exportaciones de tejidos y pescados tengan una serie de concesiones en el mayor mercado único del mundo. Margue ha sido uno de los responsables diplomáticos que se reunieron con el presidente ceilandés, Maithripala Sirisena, para una sesión informativa sobre la crisis generada por el cese del primer ministro.

La Unión Europea proporciona una serie de ventajas comerciales para los países en desarrollo al tiempo que supervisa una serie de condiciones que deben cumplir en materia de Derechos Humanos. El Gobierno de Sri Lanka prometió en 2016 a la Unión Europea que trabajaría a favor de la reconciliación con los tamiles, que viven en su mayoría en el norte y el este del país, dándoles más autonomía política y económica.

El Ejecutivo ceilandés también prometió impartir justicia e indemnizaciones para las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos cometidos en los 26 años de guerra civil contra el movimiento de los tigres tamiles, muchas de las cuales se cometieron en la etapa de Rajapaksa como presidente del país, con su hermano, Gotabaya Rajapaksa, como ministro de Defensa. El expresidente y el exministro sostienen que las Fuerzas Armadas solo actuaron contra insurgentes y no contra civiles.

Margue ha afirmado que se han realizado algunos progresos en materia de Derechos Humanos con el anterior primer ministro, Ranil Wickremesinghe, con iniciativas como la creación de una oficina para las personas desaparecidas para encontrar a los miles de tamiles y a miembros de la minoritaria comunidad musulmana que desaparecieron durante la guerra en un país con mayoría de población budista.

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer y hay dudas sobre si un gobierno liderado por Rajapaksa impulsará que se haga justicia con las víctimas de los abusos de la guerra. "No sé cómo va a ser su política de reconciliación. Temo que no vaya a ser la que nosotros acordamos", ha señalado Margue.

Poco antes de ser nombrado primer ministro, Rajapaksa dijo el 26 de octubre que trabajaría para poner fin a las divisiones políticas étnicas y para "evitar las políticas de odio", así como para proteger los Derechos Humanos, la independencia del poder judicial y el establecimiento de la ley y el orden.

Sirisena decidió la semana pasada suspender el Parlamento tras haber decretado el cese de Wickremesinghe y el nombramiento de Rajapaksa. Wickremesinghe ha denunciado que su cese ha sido una maniobra ilegal y que conserva el apoyo de la mayoría de la cámara legislativa.

Tanto la UE como Estados Unidos han pedido que el Parlamento vuelva a reunirse cuanto antes para que los parlamentarios puedan decidir quién debe ser el primer ministro del país. El viernes, el presidente del Parlamento aseguró que Sirisena había aceptado convocar una sesión plenaria el miércoles de la próxima semana.

La advertencia de la Unión Europea en materia comercial es el mayor aviso llegado desde las potencias occidentales que, junto con India, han emplazado a Sirisena a cumplir la Constitución. Por su parte, China, que ha invertido miles de millones de dólares en Sri Lanka durante la etapa de Rajapaksa como presidente, ha pedido que no se interfiera en la política cingalesa y que el país pueda resolver sin injerencias sus problemas.

Los diplomáticos sostienen que el comercio es clave para la economía de Sri Lanka y que la Unión Europea es el mayor mercado para las exportaciones del país asiáticos, con un tercio de las ventas de Sri Lanka al exterior en 2017.

Sri Lanka recuperó el estatus GSP Plus en 2017. Sus exportaciones al bloque comunitario han aumentado desde entonces un 18 por ciento y el año financiero todavía no ha terminado, según ha recordado Margue. Las exportaciones de pescado han aumentado un 100 por cien. China, en contraste, está afrontando críticas por los grandes proyectos que han dejado tanta deuda que Sri Lanka se ha visto a cederle el control de un puerto a China.

"Es mejor comerciar que tener amigos, amigos que dan créditos", ha dicho un diplomático occidental, en referencia a la relación de Sri Lanka con China y los créditos concedidos por Pekín. La industria del textil de Sri Lanka es el segundo sector con más ganancias económicas, con suministros para grandes marcas como Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Nike y Marks & Spencer.