La realidad de los incendios forestales: el 53% son intencionados

Cada verano se produce algún incendio forestal que despierta el interés mediático y social y ocupa todos los titulares, bien porque tristemente afecta a un espacio protegido, amenaza a núcleos de población o termina con víctimas mortales o porque quema una gran superficie de monte.

Aún perviven falsas creencias, muy arraigadas en la opinión pública, que se repiten año a año a modo de leyendas urbanas, que desvían la atención de las verdaderas causas y dificultan la búsqueda de soluciones efectivas.

Estos son los principales mitos alrededor de los incendios forestales y por qué no son ciertos:

Terrorismo incendiario

Trama incendiaria, terrorismo medioambiental o mafias organizadas son expresiones que se repiten de forma recurrente cuando se produce una oleada de incendios, como la que asoló el noroeste ibérico en octubre de 2017 o Galicia en 2006.

Los informes de la Fiscalía, concluyen que no existen evidencias de tramas criminales complejas ni organizaciones que actúen de manera coordinada y planificada. Por el contrario, advierten de una elevada intencionalidad, muchos descuidos y muchos problemas vinculados al medio rural que acaban en incendio. En el noroeste hay multitud de personas con voluntad de quemar y que aprovechan los momentos en los que los incendios van a alcanzar mayores dimensiones, pero tanto Policía, Guardia Civil, Fiscalía y agentes especializados en delitos de terrorismo siempre descartan la existencia de mafias organizadas.

Atribuir estos episodios a una trama incendiaria organizada contra la que nada puede hacerse es simplificar un problema mucho más complejo para calmar conciencias y eludir responsabilidades para abordar los problemas reales que tiene el territorio. Los responsables políticos deberían ser muy cautos a la hora de hacer este tipo de declaraciones que confunden a la opinión pública y no se ajustan a la realidad. Por el contrario, deberían hablar del arraigado uso del fuego en el noroeste, el abandono rural, la ausencia de gestión forestal, la nula planificación territorial, que ha cercado los núcleos de población con altísimas cantidades de biomasa forestal, o la escasísima inversión en prevención real.

Tampoco es preciso el endurecimiento de las penas, como se apunta desde algunos sectores cada vez que ocurren episodios de estas características. La legislación establece penas de hasta 20 años para los autores de incendios. El gran reto al que nos encontramos es judicial, porque hay que incrementar el porcentaje de identificados y condenados por prender fuego. En la actualidad apenas se identifica al 9% de los causantes de incendios y un muy pequeño porcentaje cumple condena. Pero también hay un importante reto social para resolver el actual comportamiento incendiario.

Incendios provocados para urbanizar

La culpa de los incendios forestales la tiene la reforma de la Ley de Montes de 2015. Este es otro de los grandes clásicos veraniegos. Titulares como “fines especulativos detrás de la ola incendiaria” o “tras la ley llegó el fuego” han calado en la sociedad, que ha reaccionado indignada ante lo que considera un negocio de unos pocos a costa de la naturaleza. Pero no es más que un bulo que se ha extendido a través de las redes sociales y que tras el incendio de Doñana en junio de 2017 alcanzó su máximo exponente.

Es cierto, la reforma de la Ley de Montes, aprobada por el PP en 2015, incluye una excepcionalidad a la prohibición de recalificar la superficie quemada durante 30 años, siempre que existan “razones prevalentes de interés público de primer orden”. Esto significa que el proyecto en cuestión debe ser declarado de utilidad pública, en terrenos que ya estuvieran previstos recalificar antes del incendio y, además, tiene que contar con el visto bueno de las comunidades autónomas.

Desde que se aprobó la Ley en 2015 ni se ha realizado ninguna obra pública ni se han demostrado intereses especulativos en una zona quemada. Es más, según la investigación “España en llamas” de la Fundación Civio, solo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo.

La culpa es del eucalipto

Cada vez que arde Galicia o Portugal se escucha el mismo discurso: la culpa es del eucalipto. El principal argumento esgrimido es que esta especie arde mejor pero, ¿es realmente así? Es cierto que el eucalipto facilita la acumulación de hojarasca y desprende aceites inflamables que hacen que esta especie arda muy bien, pero entran en juego otros muchos factores. A modo de ejemplo, Ourense, provincia que lidera la clasificación en número de incendios todos los años, apenas tiene eucalipto. En Galicia y Portugal arden más las zonas de matorral y pastizal que las masas de eucaliptar y pinar.

El extenso monocultivo de eucalipto que recorre la cornisa cantábrica (norte de Lugo y A Coruña, rasas litorales de Asturias y Cantabria y valles occidentales de Bizkaia), rara vez arde. Sin embargo, los eucaliptales en Portugal, Pontevedra, Huelva o Sevilla se queman de forma recurrente en incendios muy peligrosos.

Las condiciones meteorológicas tienen mucho que ver pero, sobre todo, forman parte de un modelo territorial donde no hay gestión ni planificación alguna, facilitando la acumulación de altas cargas de combustible dispuestas a arder en cualquier momento. La inflamabilidad de una masa forestal no depende de la especie, sino principalmente de su estructura, esto es, de la cantidad y la forma en que se organiza la biomasa disponible. Y ello es consecuencia directa de la gestión que se haga en esas masas forestales. Así, no es igual de inflamable una plantación de eucaliptos en producción que la misma plantación abandonada.

En definitiva, no se puede culpabilizar ni al eucalipto ni al pino de lo que está sucediendo, pero sí podemos acusar al modelo territorial y a la ausencia de políticas que aborden una planificación coherente del paisaje. Repoblaciones de eucalipto o pino, abandono y clima son una combinación fatídica.

Es un despropósito económico y ambiental que existan plantaciones de eucaliptos abandonadas en parcelas en las que los propietarios no saben ni que son suyas. El eucalipto puede tener un sentido en aquellos casos en los que exista un aprovechamiento económico bien gestionado, ordenado. Hoy el abandono de las plantaciones de eucalipto en Galicia ronda el 40%. Las administraciones gallegas y portuguesas deben detectar con urgencia las parcelas abandonadas, intervenir y asignar usos para diversificar el paisaje.

Las verdades causas de los incendios forestales en España:

1. A pesar de la reducción, los casi 11 700 siniestros que se producen de media al año continúan siendo una cifra desorbitada. El extendido uso del fuego como herramienta de gestión en el medio rural es en gran parte responsable de la alta siniestralidad. Teniendo en cuenta que el 95% de los incendios responden a causas humanas, los gobiernos deben aspirar a una reducción más contundente a través de la puesta en marcha de programas de intervención social que persigan la búsqueda de alternativas al uso del fuego en el medio rural. Las administraciones deben además atender las necesidades de gestión, entre otros, mediante quemas controladas, allá donde sea apropiado y no comprometa la conservación de la biodiversidad.

2. La altísima tasa de intencionalidad es especialmente preocupante: el 53% de los siniestros son intencionados, lo que da idea de la existencia de graves conflictos sociales y económicos que continúan sin ser resueltos desde hace décadas. Conflictos de todo tipo que se resuelven prendiendo fuego.

3. El fuerte despoblamiento y envejecimiento rural, el cese de actividades agrarias tradicionales, la ausencia de aprovechamientos forestales y de políticas serias que gestionen el territorio han transformado drásticamente el territorio: han contribuido al aumento de la superficie forestal y a la pérdida del paisaje en mosaico. Este aumento de la superficie forestal no se traduce en el aumento de bosques sanos, estables y diversos. Las zonas cultivadas y pastoreadas en el pasado están hoy cubiertas por matorrales, bosques jóvenes pioneros o rodales monoespecíficos que, sin una adecuada gestión, están condenados a quemarse tarde o temprano. Y cuánto más tarden en arder, con más intensidad lo harán y más difíciles serán de apagar.

A estas causas, hay que añadir dos realidades más:

1. El caótico modelo de urbanismo de las últimas décadas que ha llenado el monte de casas. Hoy las llamas amenazan seriamente a la población y urge adoptar todas las medidas de protección necesarias para evitar que los incendios se transformen en emergencias civiles. Los habitantes en estas zonas deben ser conscientes del riesgo de sus comportamientos y de que su seguridad, en gran medida, depende de ellos. Sin embargo, a día de hoy, el 90% de las urbanizaciones no disponen de plan de prevención o autoprotección, a pesar de que la normativa lo exige. La aplicación de planes de autoprotección puede transformar una zona de alto riesgo en una clara oportunidad para parar un incendio.

2. El cambio climático está debilitando y estresando a los bosques, aumentando la cantidad y continuidad de vegetación seca y, por ende, su inflamabilidad y combustibilidad. Los superincendios de Australia son un ejemplo de lo que podría suceder aquí. El cambio climático desempeñó un papel clave en la propagación de los fuegos y el área mediterránea es, según los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, una de las zonas más vulnerables a nivel global.

Los incendios forestales ya no son un fenómeno del verano, ni un problema de los países mediterráneos. Se han convertido en una amenaza global que se extiende a los 365 días del año. Es una tragedia ambiental y social que arrasa cada año millones de hectáreas, acabando con la vida de millones de animales y de cientos de seres humanos.

Prohibiciones y regulaciones

Para conocer más sobre el tema de los incendios y la prevención de los mismos, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales hablan que en el campo y montes en España, todo requiere una autorización y permisos.

Dos tercios de los terrenos pertenecen a privados, siendo estos cotos de caza, fincas particulares y otros. En estos terrenos privados toda acción de tala de árboles, recogida de madera necesita de un permiso y una autorización para poderlo llevar a cabo.

El tercio restante, pertenece en su gran mayoría a los ayuntamientos, a delegaciones o del propio estado.

La recogida de plantas y flores también está regulada, no se pueden sacar en grandes cantidades incluso puede llegar a ser posible que no se pueda coger ninguna.

El campo tiene muchas recomendaciones y prohibiciones, entre las que destaca la prohibición de recoger leña, matorral o muérdago sin autorización ni permisos, causa que luego provoca incendios, por lo que esta prohibición se convierte en consecuencia de los incendios.

La extracción de madera tambén está regulada, estando prohibida su retirada de estos bosques y campos. Así como la conducción de vehículos por ciertas zonas y la circulación de algunos tipos de vehículos como los quads.