El Consejo de Ministros aprobó, el pasado lunes, un paquete de medidas de ahorro energético para que edificios administrativos,espacios culturales y sitios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno. Asimismo, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o refrigeración en funcionamiento.

El polémico plan, el cual entrará en vigor en tan solo cinco días, ha suscitado mucha polémica, no solo entre empresarios y particulares, sino que también entre diversas instituciones y organismos públicos a nivel autonómico. El sistema sobre el que se desarrolla este proyecto de gestión energética genera muchas dudas sobre su eficacia dada la poca adaptación a los distintos puntos geográficos además de la falta de cálculos de viabilidad respecto a las consecuencias económicas que esto puede generar. Pero, ¿qué es lo que dice cada comunidad autónoma sobre el tema?

La Comunidad de Madrid, de las más críticas

La negativa al plan por parte de la comunidad de la capital de España no se hizo esperar. Varias fueron las reacciones mostrando su desacuerdo por parte de líderes políticos de la región. Entre estos, cabe destacar la reacción vía Twitter de Isabel Diaz Ayuso tras confirmarse la noticia asegurando que “Madrid no se apaga”: "Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?".

La manifestación pública por parte de la presidenta no quedo ahí, sino que a través de esa misma red social en la que insistió horas después tachando al Gobierno de ser el “más caro de la historia”. “La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios”, añadió en su cuenta la militante del Partido Popular. De este modo, la Comunidad de Madrid hace oficial su critica.Isabel Diaz Ayuso dice que la ley según Sánchez se cumple, pero le acusa de totalitario por no aplicarse las medidas que impone al resto.

Pero Ayuso no es la única responsable política de la comunidad que ha mostrado su descontento. La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo (PP), reprochó el pasado miércoles la falta de diálogo del Gobierno central con las comunidades por el real decreto de medidas de ahorro energético, que "a priori" le parece frívolo e insuficiente, si bien es claro que las leyes son de aplicación.

El País Vasco se suma a Madrid

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se manifestó en el día de ayer para rebajar la tensión que se había generado en los últimos días entre Lakua y el Gobierno central a raíz del plan de ahorro energético. Urkullu se pronunció en sus redes sociales con mensajes muy claros ligados a la idea de que pese a todo, el País Vasco cumplirá la ley, ya que no le queda otra. Todo esto no implica que el presidente de dicha región se muestre descontento por no haber sido consultado para conformar el proyecto. Ratificando su descontento y sumando a Madrid en la reivindicación, el líder vasco afirmó que "la Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros".

Urkullu hizo acto de presencia en su cuenta de Facebook mitigando las duras críticas de la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Tapia calificó de “efectistas» las propuestas, además de dejar caer que Euskadi llevaría a cabo una hoja de ruta propia que ellos mismos están trazando: “Las ocurrencias son menores si las decide el Gobierno Vasco”.

Murcia estudia recurrir el plan

La lista de regiones y dirigentes descontentos no acaba aquí. La región de Murcia, a través de su consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, anunció que «el Gobierno regional va a estudiar todas las posibilidades jurídicas que dé el decreto para estudiar su aplicación o no».

Siguiendo la línea de Urkullu y Ayuso, Ortuño plantea un pulso legal que, en ningún caso, llegará a convertirse en un delito, ya que no se incumplirá la ley vigente. “Obligar a las regiones y a las empresas por decreto no parece un ejemplo de diálogo ni de trabajo conjunto. Más cuando la implicación del Gobierno central en este plan de ahorro energético termina en quitarse la corbata en las ruedas de prensa”, pronunciaron desde el gobierno murciano.

Asimismo, el órgano de poder regional expresó que «la eficiencia energética no es prohibir el consumo», sino «incentivar el ahorro, evitar pérdidas innecesarias y buscar fuentes alternativas más eficientes y ecológicas». Relacionado con esto último, Ortuño afirmó que la Consejería de Hacienda está trabajando ya en su propio sistema, «con medidas concretas y eficaces que tienen como objetivo reducir la factura de la luz entre un 40% y un 60% en los edificios públicos de la Administración autonómica».

Galicia y Andalucía, una misma línea crítica

En el caso andaluz, en relación con la normativa plan de ahorro energético, el gobierno regional defiende que todo esto fue uno de los asuntos que el presidente Moreno llevó la semana pasada a Moncloa como iniciativa en su reunión con el presidente del Gobierno. “Le trasladamos la prioridad de Andalucía por abordar estos asuntos”, explicó el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz. La comunidad andaluza evitó en todo momento atacar contra el real decreto de plan de ahorro energético. Tampoco mostró ninguna pega a su aplicación. “Sobre la normativa sí lamentamos que no se haya consensuado ni con las comunidades autónomas ni con el sector”, señaló Sanz.

“He puesto el énfasis en lo que nos interesa de verdad de la norma. Nos gustaría que se hubiera hecho de otra manera porque no se ha consensuado. Sí se coincidió en la reunión de Sánchez en que era un tema fundamental, el del ahorro energético, y además que no son solo eran medidas para lo inmediato. Más allá de la corbata o la no corbata, lo que interesa es si Andalucía tiene un modelo y como lo vamos a desarrollar. Vamos a defender lo que le interesa a los andaluces", expresó Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ratificando la idea de que creen en la necesidad de este plan pero no de las formas en las que se ha planificado y llevado a cabo.

Por su parte, Galicia comparte la idea de Andalucía. El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, manifestó al Gobierno centralque deje de establecer "medidas improvisadas y estéticas". Asimismo, sus palabras fueron una llamada de atención al Ejecutivo para que no desvíe la atención y se centre en controlar la inflación y el precio de la luz.

"Los datos de inflación y de empleo son alertas que deberían hacer reflexionar al Gobierno sobre las verdaderas medidas que necesita España", reclaman desde la Xunta. Del mismo modo, al igual que otras comunidades, Galicia evaluará las normas ya que ella es la encargada de su cumplimiento en dicha región.

Cataluña pide diálogo

La Generalitat de Cataluña ha realizado hincapié en criticar la falta de diálogo del Gobierno Central con los líderes políticos de la comunidad. Pese al descontento por la falta de colaboración, desde el ejecutivo regional están de acuerdo en seguir el protocolo aprobado: "No haremos una guerra competencial", afirmó el presidente Pere Aragonès, quien justificó las medidas de Sánchez y su equipo enunciando que muchas de las medidas del Gobierno ya se aplicaban en la comunidad.

"Ya se autocorrigen", expresó el líder político catalán señalando que en la segunda tanda de decisiones sí que habrá un proceso participativo.

Castilla y León guarda silencio pese a VOX

La Junta de Castilla y León, a esta hora del día, todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el decreto energético de Pedro Sánchez. Esto supone seguir una línea casi contraria a la de otras regiones como Madrid, también gobernada por el Partido Popular. Los enanos al PP de Castilla y León le crecen por sus compañeros de gobierno, el partido VOX.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox en esta Comunidad, Juan García-Gallardo, señaló que la Junta está estudiando presentar un posible recurso de inconstitucionalidad a este decreto energético. Asimismo, Gallardo manifestó que va a pedir al presidente Fernández Mañueco una reunión urgente para estudiar las posibilidades de recurso sobre este asunto que califica de “nueva cacicada” de Pedro Sánchez, además de una operación “suicida”, y a la que muestra su oposición frontal.

“El Gobierno busca engañar y arruinar a los españoles, recortando libertades y derechos para tapar su incapacidad política y su fanatismo climático”, denuncia el vicepresidente autonómico.

Extremadura, Baleares, Asturias y Canarias asumen sin queja el decreto

El caso contrario a todas las anteriores Comunidades Autónomas se sucede en Extremadura, Baleares, Asturias y Canarias. Todas estas regiones, curiosamente lideradas por dirigentes militantes del mismo partido que el Gobierno Central, no han mostrado ningún tipo de oposición al paquete de medidas de ahorro energético que se llevará a cabo la próxima semana.

De este modo, todas estas regiones acataran las medidas impuestas, algo que harán todas las regiones pese al descontento de algunas.