Urge garantizar la independencia del Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial, en funciones desde hace cinco años, se ha convertido en una de las más importantes asignaturas pendientes de nuestra democracia. En los días previos a la jornada electoral se produjo la jubilación de su presidente, Rafel Mozo, y su sustitución interina en la persona de Vicente Guilarte. La ley impulsada por Sánchez y sus socios en 2021 impedía hacer nombramientos discreccionales de jueces mientras el Consejo se encuentre en la situación de interinidad. Era una medida de presión descarada para forzar un cambio sin que se modificara el sistema de elección.

El riesgo para el Poder Judicial, en caso de que se reedite la legislatura de Sánchez, radica en que se asiente un modelo partidista de designación de los jueces, en el que, además, tanto Junts como ERC o Bildu tengan sus representantes. El Poder Judicial siempre ha sido una de las metas deseadas de los separatistas e independentistas, que pretenden instaurar los Consejos autonómicos judiciales, una forma de acabar con la unidad jurisdiccional en España.

Europa ha pedido reiteradas veces un modelo de independencia judicial en el que los jueces tengan la libertad de elegir a quienes van a decidir sobre su gobierno y sus destinos profesionales. Sea cual sea la mayoría que se configure para sostener a un futuro Gobierno, la renovación del Consejo General del Poder Judicial debiera formar parte de un acuerdo de Estado urgente entre el PP y el PSOE, que asumiera las directrices europeas.