El Gobierno de Sánchez ha aprobado hoy el proyecto con el que pretende cambiar el tratamiento penal de la violencia sexual. Se modifican fundamentalmente dos aspectos: la prueba del consentimiento sexual y los tipos penales.

El nuevo anteproyecto establece que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, de manera clara, la voluntad de la persona. En realidad, esta fórmula no modifica la regulación que ya existía. Nuestro Código Penal, en su artículo 181, ya sanciona la falta de consentimiento en las relaciones sexuales. Ahora lo que se pretende es modificar el modo en que se prueba si hay o no hay consentimiento. Y aquí es donde aparece el problema. Reputados juristas han señalado que es innecesario regular cómo se prueba si hay o no consentimiento. En cualquier caso, siempre hay que respetar la presunción de inocencia.

La reforma que impulsa el Gobierno elimina del delito de abusos para integrar todos los actos contra la libertad sexual en una única categoría de delito de agresión sexual. En este momento la agresión sexual se distingue por el uso de violencia o intimidación. La desaparición del delito de abusos puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, ya que, para el agresor, no tendría más sanción usar la violencia o la intimidación.