Una ley con aroma totalitario

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género. Con una denominación que, como suele ser habitual en estos casos, trampea con el lenguaje, la Ley esconde en realidad la imposición en los centros escolares de la ideología de género. No se trata, como podría desprenderse del nombre, de no discriminar a las personas que tengan una determinada orientación sexual. De hecho, para esa cuestión sería totalmente innecesario aprobar una ley porque la Comunidad de Madrid ya cuenta desde el año 2002 con un Servicio público de atención a las llamadas personas LGTBI.  Lo que la nueva Ley impone es una censura de carácter ideológico, porque al considerar que la homosexualidad, la bisexualidad o la denominada intersexualidad son buenas, impide por la vía de los hechos pronunciarse en contra.  La introducción de estos contenidos por Ley como auténtico dogma de ingeniería social supone todo un desafío al derecho constitucional. La aplicación de esta Ley hace trizas, en concreto, el artículo 27.3 de la Constitución que recoge claramente la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En el fondo es un paso más en la hoja de ruta de imposición de una determinada ideología que es, en verdad, toda una antropología, una visión del ser humano basada en la idea de que la sexualidad es un producto cultural sin fundamento biológico. Es una cuestión de profundo calado. En seguir alzando la voz y defender el derecho a poder discrepar legítimamente nos jugamos el futuro de unas bases verdaderamente democráticas para nuestra sociedad.