La Sala Tercera del Tribunal Supremo avala la decisión de la Junta Electoral Central en los primeros días de enero con relación a la condición de diputado de Quim Torra. El Presidente de la Generalitat está inhabilitado como diputado y lo seguirá estando hasta que el Supremo tome una decisión definitiva sobre su delito de desobediencia.

La complejidad procesal del asunto no permite convertir este asunto en objeto de filias y fobias que nada tienen que ver ni con la Justicia, ni con el marco de garantías jurídicas propio de un Estado de derecho. Torra no es una víctima y la decisión de la JEC no es irreversible. El Presidente de la Generalitat puede repetir mil veces que no acata la decisión y que nadie le arrebatará su acta de diputado. La verdad es que, diga lo que diga, a día de hoy está inhabilitado. Torra, y el independentismo en general, se han esforzado mucho en encontrar enemigos para su causa. Pero saben perfectamente que sus acciones han trasgredido la ley con pleno conocimiento de causa. Ese es su juego.

El problema lo tiene ahora un Presidente del Gobierno que ha sometido su gobernación a los designios del independentismo. Hace pocos días Sánchez reconocía a Torra como interlocutor político plenamente autorizado. ¿Seguirá manteniendo lo mismo tras esta decisión del Supremo?