El Consejo Electoral Nacional de Venezuela ha convocado elecciones para elegir a los representantes a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. En cualquier país con un régimen plural de partidos políticos la convocatoria electoral significaría el inicio de un proceso abierto y competitivo marcado por la libertad de expresión y el ejercicio libre de los derechos de asociación y manifestación. En Venezuela, como en cualquier dictadura, las cosas son distintas.

No hay democracia sin libre concurrencia de fuerzas políticas. Por eso la mayor parte de la oposición venezolana rechaza la convocatoria electoral de diciembre. Juan Guaidó ha tildado de farsa este proceso y la asociación “Venezolanos en el Exilio” ha pedido a la comunidad internacional que no reconozca el proceso.

Desde 1999 en Venezuela se han celebrado veintiséis procesos electorales. El oficialismo siempre gana. Y cuando no lo hace, como en 2015, impide con la fuerza que las instituciones como la Asamblea Nacional funcionen libremente. La situación pone a la oposición ante un dilema. Si participa en el proceso electoral corre el riesgo de quedar neutralizada.

Si no participa, queda reducida a la clandestinidad y sin capacidad operativa en el marco de las instituciones. Una de las salidas, quizás la única posible, es que estas próximas elecciones no gocen de reconocimiento internacional. Está claro que si la comunidad internacional, la UE, la OEA y Estados Unidos, abandonan a la oposición venezolana, el chavismo será eterno.