El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su día condenó a Quim Torra al pago de una multa de 30.000 euros y a la inhabilitación de año y medio, por desobedecer de forma reiterada y contumaz a la Junta Electoral Central.

Torra desobedeció a la Junta cuando le ordenó que quitara de las fachadas de las instituciones pancartas con mensajes de apoyo a los presos políticos, condenados y encarcelados por sedición.

La decisión del Supremo, tomada por unanimidad, se basa en el cumplimiento estricto de la ley, y muestra la libertad e independencia del poder judicial, mientras otros se dedican a analizar la conveniencia de los escenarios políticos que abre.

Es preocupante que el Gobierno haga mutis por el foro e intente conceder favores inútilmente a los secesionistas, de los que depende para sostenerse en La Moncloa. Y más aún que un ministro del gobierno como Castells critique la sentencia.

Evidentemente la sentencia no va a resolver el problema de fondo de Cataluña, pero no hay solución posible fuera de la justicia y el Derecho. Cataluña se ve abocada a unas nuevas elecciones, que deberían convocarse cuanto antes. No será así porque no conviene a los intereses del independentismo, todavía sometido a los dictados de un fugado de la Justicia al que no tienen la entereza de plantar.

Estos meses deberían ser preciosos para que el catalanismo moderado y los constitucionalistas presentaran una plataforma capaz de representar a más de la mitad de los catalanes, profundamente hartos de tanto disparate.