Los grupos de oposición en la Asamblea, PSOE, Podemos y Cs, han coincidido en que las explicaciones de Cristina Cifuentes sobre por qué su Gobierno no envió a la comisión de corrupción varios documentos del Canal de Isabel II relacionados con el caso Lezo son "insuficientes".

Así lo han dicho los tres grupos después de que la presidenta de la Comunidad, durante un desayuno informativo, haya asegurado que no hubo voluntad de ocultar información a la oposición y haya rechazado adoptar responsabilidades políticas, porque lo atribuye a una "grave negligencia administrativa".

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, ha subrayado que las explicaciones son "insuficientes" y "poco verosímiles", porque le parece "un poco raro" que un juzgado mande esa notificación a una subdirección, y por eso va a pedir la comparecencia de la presidenta en el pleno.

Una vez que dé las explicaciones oportunas, ha seguido diciendo, el PSOE valorará si son adecuadas o si se deben pedir responsabilidades políticas.

La diputada de Podemos Mónica López ha considerado las explicaciones de la presidente "bastante peregrinas", y ha tachado de "deslealtad" que se eche toda la culpa a un funcionario "cuando todo un Gobierno debería haber estado pendiente" de la respuesta del juez.

López ha recordado que "no es la primera vez que se pierde" documentación sobre asuntos en los que podría haber corrupción, y ha citado como ejemplos los casos de Arpegio o de la Ciudad de la Justicia.

El portavoz de Cs, Ignacio Aguado, ha mostrado su preocupación por una explicación que cree "insuficiente" sobre una "negligencia muy grave" que ha hecho a la Asamblea "perder cinco meses de trabajo" en la comisión de investigación sobre la corrupción.

"Tenía la autorización del juez en un cajón, guardada", se ha quejado, y ha señalado que ahora toca empezar a trabajar para ver qué pone en esos documentos y descubrir "por qué el PP tenía tanto empeño por que no vieran la luz".

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Enrique Ossorio, ha recalcado que fue el propio Gobierno de Cifuentes el que hace unas semanas pidió al Consejo General del Poder Judicial que le dijese si podía enviar a la oposición aquellos documentos y otros nuevos, lo que a su entender demuestra que no sabía que ya en agosto habían respondido a su consulta.

Se trata, ha dicho, de una concatenación "lamentable" de hechos, desde el momento en el que el juez envía la respuesta no a quien planteó la consulta, sino a otro departamento, y que éste a su vez se la remitiese a un subdirector que se encontraba de vacaciones y que, a su regreso, no vio el fax.