La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha garantizado hoy que el Gobierno "en ningún momento" va a poner "en riesgo" el contrato de 1.813 millones de euros firmado con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas después de que España cancelara la venta de 400 bombas de precisión a este país.

"Hasta donde yo sé, el contrato sigue vigente y la fabricación sigue adelante", ha asegurado Méndez en su comparencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe de la venta de exportación de armas correspondiente al año 2017.

Más de un millar de trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) han cortado esta mañana el tráfico de la autovía A-4 para expresar su temor a que se cancele el contrato para la construcción de esas cinco corbetas.

La sospecha de que se suspenda ese contrato se ha extendido entre la plantilla del astillero después de que esta semana el Ministerio de Defensa confirmara que había iniciado los trámites para dejar de vender 400 bombas a Arabia Saudí que podrían utilizar para bombardear Yemen.

Arabia Saudí es el quinto mayor comprador de material militar español y de doble uso, con una inversión de 270 millones de euros el año pasado, lo que supuso el 6,2 por ciento de todas las exportaciones militares de España.

"Somos conscientes de la importancia de este contrato, un magnífico contrato de 1.813 millones de euros y que genera cerca de 6.000 empleos", ha destacado Méndez, que ha explicado que ayer mismo se puso en contacto con responsables de Navantia que le aseguraron que el contrato seguía vigente.

En su comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Comercio ha garantizado que el sistema de control sobre las exportaciones de armas con el que cuenta España es "de los más exhaustivos del mundo" y prohíbe la venta de material a zonas de conflicto donde puedan ser usadas contra la población civil o en crímenes contra la humanidad.

No obstante, ha avanzado que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para articular un sistema de control de la venta de armas, no solo antes de la exportación, sino también del uso efectivo que el país de destino hace de ellas a posteriori.

Un nuevo sistema de verificación -en el que España será "pionera"- que requerirá de la aprobación de un decreto ley que articule legalmente el modelo de verificación de ese material de defensa.